La gestión de Javier Milei avanza con una nueva etapa del ajuste en la administración pública y ya analiza más reducciones de personal en los distintos ministerios. El encargado de llevar adelante esa tarea es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien mantiene activa la política de recorte impulsada por la Casa Rosada.
Inspecciones ministerio por ministerio
Durante las últimas semanas, equipos técnicos del área que conduce Sturzenegger recorrieron diferentes dependencias estatales para relevar la cantidad de empleados, las funciones que desempeñan y la necesidad de cada puesto. El objetivo es determinar si las tareas actuales pueden realizarse con una dotación menor de trabajadores.
Según reveló a la agencia Noticias Argentinas un integrante del gabinete nacional, cada visita de funcionarios vinculados al Ministerio de Desregulación incluye un mensaje claro: la intención oficial es profundizar los recortes de personal durante la segunda mitad del año, en la medida de lo posible en todas las áreas del Estado.
Aunque en el Gobierno aseguran que la “motosierra” seguirá avanzando y confían en cumplir las metas de ajuste fiscal, dentro de la propia administración existen voces que advierten sobre las consecuencias que podrían tener nuevas desvinculaciones en el funcionamiento cotidiano de los organismos públicos.
La respuesta de los gremios
Frente a este escenario, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó una estrategia de confrontación para intentar frenar los despidos. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, advirtió: “No podemos quedarnos en silencio ni avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar”. Además, reclamó la reapertura inmediata de las negociaciones salariales y sostuvo que, de no haber respuesta oficial, el sindicato incrementará la conflictividad en el sector público.
En la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), encabezada por Andrés Rodríguez, también expresaron preocupación por la continuidad del ajuste. Desde el gremio cuestionaron los despidos de trabajadores con más de diez años de antigüedad y señalaron que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios agrava la situación. “Podemos discutir cómo hacer más eficiente al Estado, pero nunca destruirlo o dejarlo sin capacidad para asistir a quienes más lo necesitan”, plantearon desde la organización sindical.
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