La ex camarista y especialista en derecho a la salud, cuestionó el desfinanciamiento del sistema y  afirmó sobre la norma vigente que “el fracaso de la ley ha sido porque las políticas públicas no han acompañado”. Destacó medidas para reforzar la prevención y agilizar internaciones en casos de adicciones

El Senado comenzó el tratamiento de un proyecto del gobierno para modificar la Ley de Salud Mental, además de tres artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. La iniciativa propone cambios en los criterios de diagnóstico, las condiciones de internación y externación, y el funcionamiento del sistema de atención de pacientes con padecimientos mentales.

Entre los puntos centrales, el proyecto flexibiliza las internaciones involuntarias. El texto reemplaza el criterio actual de “riesgo cierto e inminente” por uno más amplio: “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. También incorpora la posibilidad de considerar antecedentes y la evolución futura del paciente para justificar una internación.

Además, modifica quiénes pueden disponer esas internaciones. Mientras la ley vigente exige la intervención de dos profesionales de distintas disciplinas -uno de ellos psicólogo o psiquiatra-, la reforma establece que debe intervenir un médico psiquiatra y habilita, en situaciones excepcionales, que un solo médico pueda ordenar la internación con revisión posterior.

El oficialismo sostiene que los cambios buscan facilitar intervenciones ante situaciones de riesgo. Sin embargo, especialistas y organizaciones advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos y en el enfoque comunitario de la salud mental.

La ex vocal de la Cámara 5° Civil y Comercial de Córdoba y presidenta de la Sala de Derecho a la Salud del Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Blas Pascal, Claudia Zalazar, consideró que “la ley no tiene que cambiar sino las políticas públicas de salud mental”.

Según analizó, “el fracaso de la ley ha sido porque las políticas públicas no han acompañado la ley”. En ese sentido, explicó que tras períodos agudos de internación “no están creados los organismos específicos” para sostener tratamientos ambulatorios y acompañar la externación de los pacientes.

Zalazar también cuestionó el financiamiento del sistema. “El Estado lo que pretende con esta modificación es desfinanciar la salud mental, pretende quitarle a las provincias los aportes que le hacía”, afirmó. Y agregó que “en el presupuesto de salud, el 1,4% iba a salud mental”, por lo que, a su criterio, “ya está desfinanciado el sistema”.

No obstante, la especialista señaló algunos aspectos positivos del proyecto. Destacó que la reforma incorpore criterios preventivos al considerar antecedentes y posibles evoluciones clínicas del paciente. “No solo se habla de la crisis de una persona en riesgo para sí o para terceros, sino también de episodios anteriores o de la previsibilidad de reacciones posteriores. Para mí es bueno porque introduce la prevención en salud mental”, sostuvo, especialmente en problemáticas vinculadas a consumos de drogas y alcohol.

En relación con las internaciones involuntarias, explicó que el proyecto “amplía los criterios de internación”. “Pasamos de peligrosidad a riesgo cierto e inminente, y ahora el riesgo no importa que sea cierto e inminente sino que haya previsibilidad del riesgo”, describió.

Sin embargo, advirtió que el proyecto “vuelve con un diagnóstico casi plenamente psiquiátrico”. Según indicó, la iniciativa deja de lado el principio de interdisciplinariedad previsto en tratados internacionales y concentra las decisiones en el psiquiatra. “Quiebra el principio de regresividad de los derechos humanos, que nada puede volverse para atrás, y le quita valor a los trabajadores sociales, a los psicólogos y a los acompañantes terapéuticos”, señaló.

La especialista recordó además que la ley provincial contempló la participación obligatoria de psicólogos en las evaluaciones debido a la escasez de psiquiatras en hospitales públicos y localidades del interior.

¿Y la desjudicialización?

Otro de los cuestionamientos apunta a la mayor intervención judicial en los procesos de internación. Zalazar explicó que la reforma habilita al juez a decretar internaciones involuntarias por 24 horas ante situaciones de riesgo, con evaluación posterior de un equipo interdisciplinario.

“Se vuelve a que el sistema lo maneje el sistema judicial y no salud”, sostuvo. Y agregó que eso implica un retroceso respecto del paradigma de “desjudicialización” que impulsó la legislación vigente.

“Volvemos al 2007 o 2008, donde se pagaban fortunas para conseguir certificados psiquiátricos y manejar bienes de las personas”, recordó sobre prácticas que acontecían en otros tiempos.

Entre los aspectos favorables, Zalazar destacó que el proyecto vuelve a prever mecanismos de seguimiento familiar y otorga herramientas al juez para controlar la continuidad de los tratamientos. “Puede pedir a la familia que informe si el paciente sigue con el tratamiento”, indicó.

También consideró que deberían coexistir hospitales monovalentes y hospitales especializados, y planteó la necesidad de “disminuir la burocracia en las internaciones para que haya internaciones tempranas y no tengamos tantos problemas de suicidio y grandes crisis de salud mental”, especialmente en materia de adicciones.