La Legislatura de Córdoba sancionó este jueves, durante la 8ª sesión ordinaria, el Régimen Provincial de Protección de las Víctimas de Delitos. La iniciativa, que unificó proyectos del Poder Ejecutivo y de diversos bloques opositores, busca saldar una deuda histórica del sistema judicial: poner a la víctima en el centro del proceso.
La normativa es conocida como la “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en junio de 2023 en Laboulaye. Sus padres, Mariela Flores y Martín Sperani, estuvieron presentes en el recinto y fueron testigos del consenso alcanzado por todas las fuerzas políticas.
Los puntos centrales de la nueva ley
La normativa modifica la Ley 8.123 (Código Procesal Penal) y establece que los derechos de las víctimas deben ser “exigibles y operativos” desde el primer contacto con la autoridad. Entre sus ejes principales se destacan:
- Asistencia Integral Gratuita: El Estado provincial deberá garantizar patrocinio jurídico, asistencia médica y psicológica a las víctimas sin costo.
- No Revictimización: Se establecen protocolos para evitar que la persona deba repetir su relato múltiples veces o se exponga innecesariamente a situaciones traumáticas.
- Participación Activa: Las víctimas tendrán derecho a ser informadas y escuchadas en instancias clave, como pedidos de prisión domiciliaria, libertad condicional o juicios abreviados.
- Menores Inimputables: Un cambio sustancial permite que las víctimas de delitos cometidos por menores de edad (quienes no pueden ser juzgados penalmente) puedan constituirse como querellantes para participar de la investigación.
El factor “Joaquín”
El caso de Joaquín Sperani conmovió a la provincia y fue el motor para que el arco político acelerara este debate. La ley reconoce el principio de “debida diligencia”, obligando a los funcionarios a actuar con celeridad y profesionalismo para evitar que la intervención estatal agrave el daño sufrido.
La sesión, encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto, destacó el trabajo conjunto de las comisiones de Seguridad y Legislación General, logrando una síntesis entre los proyectos de legisladores como Oscar Agost Carreño, Karina Bruno, Alejandra Ferrero, Julieta Rinaldi, Gregorio Hernández Maqueda y Dante Rossi.
Con esta sanción, Córdoba se alinea con estándares internacionales de derechos humanos, asegurando que quienes atraviesan el dolor de un delito no queden desamparados frente a la burocracia judicial.
¿Qué implica ser querellante?
A diferencia de ser simplemente un testigo, el rol de querellante permite a la víctima o sus familiares proponer medidas de prueba, apelar decisiones del juez y tener un control más directo sobre la investigación fiscal.