Por Luciano Zubillaga (*) y Carlos Celaya (**)
¿Por qué tantos jóvenes argentinos quieren ser abogados? No es una pregunta frecuente en muchos países, pero en Argentina tiene todo el sentido.
Según datos del Ministerio de Educación, casi 14% de los titulados universitarios hizo la carrera de Derecho. De hecho, esos datos muestran que hay aproximadamente tres licenciados en Derecho por cada licenciado en Medicina. La OCDE ofrece una imagen similar: uno de cada cinco graduados en Argentina estudió Derecho o carreras de negocios. Dato más, dato menos, la idea es la misma: una parte muy significativa de los jóvenes argentinos ve en el mundo jurídico una forma razonable de futuro.
La respuesta más simple tal vez sea la verdadera: porque perciben allí más oportunidades de prosperidad que en otros sectores. O, dicho de otra manera, porque ven mejores posibilidades de navegar el laberinto que de transformarlo. Sea por familia, por amigos, por reputación, por televisión o por experiencia cotidiana, para muchos jóvenes ser abogado aparece como una profesión de poder, de información y de intermediación. En una sociedad donde la regla rara vez es transparente, quien aprende a interpretar la regla adquiere una ventaja.
Entonces se abre una pregunta más espinosa: ¿por qué hay tantos despachos de abogados, tantos negocios de abogados, tantos trámites de abogados? O, dicho de otro modo, ¿por qué la intermediación jurídica y administrativa ocupa un lugar tan grande en la vida institucional argentina?
Hay sociedades con alta densidad de abogados, como Estados Unidos, Israel, Italia o Brasil. Pero esas hipertrofias jurídicas surgen de historias muy distintas: una cultura litigiosa, el entrelazamiento entre lo religioso y lo civil, el estatismo procesal, la judicialización de la política o la expansión permanente de los derechos formales. Argentina no reproduce exactamente ninguna de esas historias.
En la nuestra conviven corporaciones que generan su propia ventaja regulatoria, una presencia estatal desmesurada pero muchas veces ineficaz, una alta litigiosidad laboral, un entramado de excepciones y una multiplicación de negocios vinculados a la norma. A diferencia del mercado litigioso estadounidense, el laberinto argentino parece alimentarse, sobre todo, de la propia ineficiencia del Estado.
Sin embargo, conviene no pensar la ineficiencia solo como atraso. El capitalismo contemporáneo no funciona únicamente eliminando fricciones. Muchas veces también las captura. Extrae valor de diferencias de precio, demoras, asimetrías de información, vacíos normativos, arbitrajes financieros, cambios regulatorios, permisos, licencias y desajustes entre jurisdicciones. La eficiencia absoluta no siempre es el horizonte del capitalismo; a veces, su materia prima es precisamente la diferencia.
Ese es uno de los puntos más inquietantes para pensar el caso argentino. El país produce diferencias, demoras e ineficiencias todo el tiempo. Pero rara vez logra articularlas a favor de una transformación productiva. No las convierte en inteligencia institucional, coordinación, innovación técnica o nuevas capacidades colectivas. Con demasiada frecuencia las transforma en gestorías, contactos, cautelares, excepciones, litigios, regímenes especiales y saberes defensivos. Allí donde otros sistemas convierten la complejidad en escala, inversión o tecnología, Argentina suele convertirla en intermediación.
Por eso el giro desregulador actual tiene una fuerza política tan poderosa. El gobierno de Javier Milei convirtió la desregulación en uno de los sellos más claros de su agenda. El atractivo de esa promesa es fácil de entender. Para muchos argentinos, la vida cotidiana está lastrada por normas contradictorias, retrasos administrativos, permisos que se multiplican, ventanillas que no responden, requisitos que cambian y expedientes que parecen existir para justificar otros expedientes.
La desregulación llega, por tanto, no solo como un programa económico, sino como una promesa de liberación. Al eliminar normas, el Gobierno establece una conversación sobre la libertad. Construye el marco desde el cual quiere que se juzgue su acción política. Si el debate se reduce a libertad contra burocracia, un gobierno que se define a sí mismo como libertario parte con ventaja.
Pero la verdadera cuestión no es solamente si Argentina tiene demasiadas normas. La pregunta más importante es quién pagó el precio de la regulación, quién aprendió a sacar provecho de ella y quién se beneficiará de su eliminación. Un mal orden regulatorio nunca es neutral. Puede funcionar como una carga para los débiles y como un foso protector para quienes cuentan con los recursos necesarios para sortearlo.
Carlos Nino vio parte de este problema con una claridad poco habitual. En “Un país al margen de la ley”, publicado en 1992, sostenía que la patología argentina no era una simple ausencia de ley, sino un exceso de leyes inestables e ineficaces. La cuestión no era que los argentinos carecieran de normas, sino que estas podían proliferar hasta perder autoridad práctica. La ley se multiplicaba y, al mismo tiempo, se degradaba.
Hay aquí una conexión casi literaria con una figura retórica muy argentina: la hipérbole. La desmesura permanente, la exageración como estilo, la inflación de palabras, promesas y normas. Así como la repetición excesiva degrada las palabras, la producción excesiva de reglas puede degradar la autoridad de la ley. Cuando todo es urgente, nada es urgente. Cuando todo está regulado, la regla deja de ordenar y empieza a pedir excepciones.
El debate actual no debería reducirse, entonces, a un contraste simple entre burocracia y libertad. Se trata, más profundamente, de una disputa sobre quién soporta la complejidad y quién la domina. En cierto modo, es otra forma del eterno conflicto distributivo argentino. No solo se distribuyen ingresos, subsidios o impuestos. También se distribuye complejidad. Algunos la padecen; otros viven de administrarla.
La narrativa oficial, junto con la eliminación de cientos de leyes y normativas menores, puede agotar pronto el primer marco discursivo de la libertad. Cuando la consigna inicial pierda novedad, aparecerá otro binomio más exigente: leyes que ayudan a convivir contra leyes que protegen intereses corporativos. Esa será una discusión menos eufórica y más difícil.
Una alerta para lo que viene: si las reformas funcionan y la economía crece, pero el modelo se consolida con una parte muy grande de los argentinos fuera del sistema, las leyes justas serán las que ayuden a evitar el conflicto. O, al menos, la violencia dentro del conflicto. El derecho no es solo una traba. También es un depósito de demandas sociales: protecciones laborales, garantías públicas, instituciones mediadoras, derechos adquiridos, mecanismos de reparación. El problema empieza cuando ese depósito se vuelve ininteligible, capturable o económicamente inviable.
Las tradiciones solidarias argentinas siempre convivieron con hábitos poderosos de evasión y supervivencia táctica, agudizados por la inflación, las crisis y la desconfianza institucional. Los argentinos piden al derecho que proteja lo colectivo, pero han aprendido a sortearlo. Esa tensión ayuda a explicar tanto la densidad como la fragilidad de la legalidad argentina. Un orden sobrecargado de regulaciones puede ser, al mismo tiempo, el residuo de una aspiración solidaria y el síntoma de una profunda desconfianza institucional.
Pero hoy aparece una pregunta nueva. ¿Qué ocurre cuando ese laberinto legal se encuentra con una transformación económica acelerada? La Argentina que parece emerger ya no se piensa principalmente desde la vieja imaginación industrial, basada en trabajo formal, mercado interno, empresas medianas, integración territorial y capacidades tecnológicas distribuidas. Cada vez más, el horizonte de crecimiento se organiza alrededor de energía, minería, agroindustria, infraestructura, finanzas y recursos naturales exportables.
Esa transformación puede traer divisas, inversión, infraestructura y crecimiento. No conviene negarlo con nostalgia industrial ni con reflejos automáticos. Pero sí conviene hacer una pregunta incómoda: ¿qué tipo de legalidad necesita una economía que se desplaza desde una promesa industrial hacia una matriz más extractiva y exportadora? ¿Una legalidad simple para todos, o una legalidad excepcional para pocos? ¿Un orden común capaz de generar confianza, o un conjunto de atajos jurídicos para grandes actores con escala, asesores, contactos y espalda financiera?
El riesgo es que la desregulación no simplifique el laberinto, sino que lo rediseñe. Que reduzca obstáculos para sectores estratégicos mientras la vida cotidiana de ciudadanos, pymes, trabajadores, profesionales y pequeños productores sigue atrapada en la vieja maraña. En ese caso, el nuevo modelo no eliminaría la complejidad argentina: la concentraría alrededor de quienes pueden financiarla, entenderla y negociarla.
Una economía energética, minera o agroexportadora requiere reglas claras, estabilidad contractual, infraestructura, seguridad jurídica y velocidad administrativa. Pero también requiere legitimidad social, controles ambientales creíbles, acuerdos territoriales, capacidad técnica del Estado y mecanismos de distribución que no se limiten a promesas futuras. Si el país se limita a destrabar proyectos sin construir instituciones confiables alrededor de ellos, el crecimiento puede volverse jurídicamente sofisticado y socialmente estrecho.
Allí aparece el aspecto cultural del laberinto legal. No se trata solo de normas. Se trata de una forma de convivencia. El laberinto enseña a sospechar antes que confiar, a buscar un contacto antes que una regla, a pedir permiso antes que proyectar, a sobrevivir antes que planificar. La ley deja de ser un lenguaje común y se convierte en un terreno de maniobra. El ciudadano aprende que cumplir no siempre alcanza, que entender la regla no siempre sirve y que, muchas veces, lo decisivo es saber por dónde entrar.
Ese aprendizaje tiene consecuencias económicas. Un país que necesita más médicos, ingenieros, técnicos, científicos, programadores, investigadores y empresarios productivos puede terminar premiando la mediación por encima de la creación. La cuestión no es que el derecho carezca de importancia. Al contrario: sin derecho no hay convivencia ni inversión durable. El problema es que la hiperinflación jurídica puede convertirse en un sustituto de la transformación productiva. En vez de producir valor, se produce interpretación. En vez de crear capacidades, se administran obstáculos.
La Argentina no puede pensar su futuro solamente como una salida de la burocracia. También debe preguntarse qué tipo de capitalismo quiere organizar. Si el nuevo ciclo se apoya en energía, minerales, commodities y grandes inversiones, el desafío no será solo atraer capitales. Será construir una legalidad capaz de convertir diferencias en capacidades, fricciones en coordinación y crecimiento en convivencia.
De lo contrario, el país corre el riesgo de salir de una economía industrial frustrada para entrar en una economía extractiva jurídicamente sofisticada, pero socialmente frágil. El laberinto no habrá desaparecido. Solo habrá cambiado de escala.
(*) Ex decano de investigación de la School of Cultural Technology en Xi’an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, China.
(**) Experto en comunicación y analista de discurso y sentimiento público. Periodista y consultor.