Por Bautista Santamarina y Lucas Tettamanti
La situación fiscal de las provincias puede leerse como una obra en tres actos. El primero, en 2025, fue el desajuste del gasto. El segundo, en el arranque de 2026, la caída de los recursos. El tercero, inevitable corolario de los dos anteriores, fue el pedido de adelantamiento de coparticipación al Gobierno Nacional por parte de doce provincias.
En 2024 las provincias habían acompañado el proceso de consolidación fiscal encarado por la Nación, mejorando sus resultados y cerrando el año con las cuentas ordenadas. Pero en 2025, año electoral, cambió la dinámica: el gasto provincial creció 11% en términos reales, por encima del 3% que aumentaron los recursos. El resultado primario agregado pasó de un superávit de 0,8% del PBI a prácticamente cero. El contraste con el nivel nacional es elocuente: mientras la Nación hilvanó dos años consecutivos de superávit base caja —algo que no ocurría desde 2007-2008—, las provincias podrían haber cerrado 2025 con las cuentas en rojo.
El aumento del gasto se concentró en tres partidas: personal, jubilaciones y obra pública. La última tiene un matiz particular: la Nación redujo su gasto en obra pública en un 80% real desde noviembre de 2023, lo que dejó a las provincias como ejecutoras casi exclusivas de la inversión pública.
El segundo acto llegó con el inicio de 2026. Al desajuste fiscal se le sumó una caída en los ingresos por coparticipación federal, que representan en promedio el 45% de los recursos provinciales. En el primer trimestre, las transferencias automáticas de origen nacional cayeron 6,4% en términos reales, afectando a todas las jurisdicciones sin excepción. La merma no responde a una decisión discrecional del Gobierno Nacional, sino a una caída genuina en la recaudación agregada, traccionada por menores ingresos de IVA, Ganancias y el efecto de la baja de alícuotas en Impuestos Internos. El único tributo con variación positiva fue Combustibles, aunque su actualización fue suspendida desde abril en respuesta al aumento del precio del crudo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que limitará esa fuente de recursos hacia adelante.
La alternativa de las transferencias discrecionales tampoco ofrece alivio: fueron reducidas drásticamente desde el inicio de la gestión y se mantienen en niveles mínimos. En ese marco no sorprende, por ejemplo, que en la negociación de la reforma laboral se haya eliminado la reducción de alícuotas de Ganancias a Sociedades originalmente prevista: los gobernadores priorizaron no resignar recursos tributarios.
El tercer acto era previsible. Con menos ingresos y un gasto difícil de recortar en el corto plazo, doce provincias solicitaron adelantos de coparticipación al Gobierno Nacional, que autorizó transferencias anticipadas por hasta $400.000 millones, a devolver dentro del año a una tasa del 15% anual. El impacto de este mecanismo es desigual: para provincias como Chaco o Tucumán, el monto máximo equivale a menos de dos meses de coparticipación, mientras que para Tierra del Fuego, Chubut o Santa Cruz representa entre seis y siete meses de recursos.
Estos adelantos alivian la caja en el corto plazo, pero generan una obligación de devolución que comprime los recursos futuros. En un contexto donde la recuperación de la recaudación depende de una reactivación económica que todavía no se consolida, el margen de maniobra de las provincias seguirá acotado.
Tres actos: gasto electoral, caída de ingresos, pedido de adelantos. El nombre de la obra lo sugiere el desenlace: unitarios para recaudar, federales para gastar.