Apenas 24 horas después de que se conociera la noticia de que BYD había sido una de las nuevas 169 empresas incluidas en el Registro de Empleadores que sometieron a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud, conocido popularmente como la “lista sucia”, la Justicia brasileña dio marcha atrás.
Un tribunal brasileño emitió una orden judicial que excluye al fabricante de automóviles chino, tras el revuelo que esta decisión había tomado, más aún cuando la compañía anunció recientemente una nueva inversión en ese país.
La orden judicial emitida por el juez del tribunal laboral Luiz Fausto Marinho de Medeiros elimina “provisionalmente” el nombre de BYD de la lista hasta que se dicte una resolución definitiva.
La orden, fechada este miércoles, indica que incluir a la empresa en la denominada “lista sucia” de Brasil fue posiblemente ilegal, ya que la decisión se basó en la premisa de que BYD era el verdadero empleador de los trabajadores. No obstante, indica la agencia Reuters, la decisión es apelable.
La firma fue incorporada al caso en 2024, en el que un contratista de BYD empleó a 163 trabajadores para la construcción de la planta de Camaçari, algunos de los cuales tenían contratos que estipulaban que debían entregar sus pasaportes, permitir que la mayor parte de sus salarios se enviaran directamente a China y pagar un depósito de casi US$ 900 que solo podrían recuperar después de seis meses de trabajo.
Los trabajadores estaban alojados en condiciones que las autoridades describieron como “degradantes” en el estado de Bahía, al noreste de Brasil. En aquel momento, las autoridades afirmaron que BYD era, en última instancia, responsable de las condiciones de los trabajadores (el total de trabajadores rescatados ascendió a 224), ya que debía supervisar a sus contratistas.
Más allá del daño a la reputación, ser incluido en la lista impide a las empresas obtener ciertos tipos de préstamos de los bancos brasileños.
BYD Brasil no respondió al pedido de comentarios solicitado por medios de ese país como así tampoco lo hizo el Gobierno a través de sus voceros o canales oficiales.
La empresa había declarado anteriormente que no tenía conocimiento de ninguna infracción hasta que los medios brasileños publicaron informes a finales de noviembre de 2024.
