Hay una confusión conceptual que recorre el discurso económico oficial argentino con una persistencia que los datos empiezan a volver insostenible. Es la equiparación entre equilibrio fiscal y programa económico completo. Entre el ordenamiento de las cuentas públicas y la solución estructural de la inflación. Entre el punto de partida y el destino.

El superávit fiscal, aunque frágil, es real. La desinflación interanual es verificable. El riesgo país bajó a los 600 puntos básicos. Ninguno de esos logros es menor ni debe minimizarse. Pero presentarlos como la culminación del proceso en lugar de su condición de inicio es el error analítico central que el programa argentino arrastra y que la comparación internacional expone con una precisión que no admite refutación ideológica.

El déficit cero no baja la inflación: la contiene

La mecánica es técnicamente precisa y políticamente incómoda. El equilibrio fiscal elimina la fuente monetaria de la inflación —la emisión para financiar el gasto público— pero no resuelve las otras dos fuentes que determinan si la desinflación es estructuralmente sostenible o transitoriamente contenida.

La primera fuente residual es la inercia inflacionaria: el sistema de formación de precios acumula expectativas, contratos indexados y márgenes de cobertura que persisten mucho después de que la causa monetaria original fue eliminada. La segunda es la restricción de oferta: una economía que desinflaciona comprimiendo la demanda interna sin expandir simultáneamente su capacidad productiva llega al momento de recuperación del consumo con una estructura de costos rígida y una capacidad instalada insuficiente que regenera presión de precios por el lado de la oferta antes de que el ancla nominal pueda absorberla.

Argentina enfrenta ambas fuentes en simultáneo. La industria manufacturera opera al 53,6% de su capacidad instalada —el peor registro de inicio de año desde 2002. El consumo masivo cayó 2,1% en el bimestre enero-febrero. Cuando esa demanda reprimida se libere —y se liberará, porque ningún programa de estabilización puede sostener indefinidamente la compresión del ingreso disponible de los hogares sin costo político y social acumulado— la oferta productiva que la recibirá está operando a la mitad de su capacidad con 22.608 empresas menos en el padrón formal que en noviembre de 2023.

Esa combinación tiene un nombre técnico: cuello de botella de oferta. Y genera exactamente el tipo de rebrote inflacionario que licúa en pocos trimestres los logros de desinflación acumulados durante años de ajuste.

Lo que Israel, Brasil y Chile hicieron distinto

Los tres programas de estabilización más exitosos de la segunda mitad del siglo XX en economías con historial inflacionario crónico comparten una característica que el relato oficial argentino sistemáticamente omite en su lectura selectiva de la evidencia comparada.

Israel en 1985 ejecutó el ajuste fiscal más veloz registrado en la literatura económica contemporánea: el déficit público cayó del 15% al 1% del PIB en doce meses. Pero la desinflación se consolidó porque el Plan de Estabilización fue seguido de inmediato por una política deliberada de desarrollo de exportaciones manufactureras de alto valor agregado —electrónica, defensa, farmacéutica, software— que expandió la base productiva y generó una oferta de bienes transables que ancló los precios desde el lado real de la economía. Israel no bajó la inflación al 3% anual con déficit cero. Lo hizo con déficit cero más industria exportadora de conocimiento.

Brasil en 1994 cortó la inercia inflacionaria con la URV —una unidad de valor de transición que desindexó los contratos antes del lanzamiento del Real— pero la consolidación de la desinflación en el mediano plazo fue producto de la expansión del crédito productivo canalizado a través del BNDES hacia sectores industriales que generaron oferta real. Sin esa expansión, la demanda liberada por la estabilización hubiera generado presión inflacionaria por restricción de oferta antes de que el ancla cambiaria pudiera absorberla. El BNDES no es un capricho estatista. Es el mecanismo técnico mediante el cual Brasil financió la segunda mitad de su programa de estabilización.

Chile entre 1990 y 2000 completó la desinflación más gradual y más duradera de América Latina. Pasó del 27% anual al 3% en una década con un mecanismo que los manuales de política monetaria describen pero que los programas de ajuste puro invariablemente subestiman: metas de inflación decrecientes combinadas con una política de diversificación exportadora —vinos, salmones, servicios financieros, software— que amplió la base productiva, redujo la dependencia de los términos de intercambio de commodities y generó una estructura de costos más estable y menos volátil que la de una economía monoproductora.

Los tres casos tienen en común algo que ningún manual de ajuste fiscal reconoce como variable central pero que la evidencia empírica convierte en ineludible: la segunda mitad del programa de estabilización es siempre una política de expansión de capacidad productiva orientada a la generación de valor agregado doméstico. Sin esa segunda mitad, el ajuste fiscal produce desinflación transitoria. Con ella, produce convergencia estructural.

La macro ordenada y la micro que no creció

El error conceptual del programa argentino no es haber ejecutado el ajuste fiscal. Es haber detenido el análisis ahí.

Una macro ordenada —superávit primario verificable, tipo de cambio estabilizado, reservas en recuperación gradual, riesgo país comprimido— es la condición necesaria para que la inversión productiva se materialice. No es su sustituto ni su consecuencia automática. Entre el equilibrio de las cuentas públicas y la inversión en capacidad productiva hay una cadena de transmisión que requiere condiciones adicionales que el ajuste fiscal no genera por sí solo.

La primera condición faltante es un tipo de cambio real competitivo sostenido. Con el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral en torno a 88 puntos contra un promedio histórico de 120, la industria transable opera con una brecha de competitividad del 27% que destruye el incentivo a invertir en capacidad exportadora manufacturera antes de que la planta entre en producción. Ningún empresario amplía capacidad para exportar con un tipo de cambio que erosiona márgenes estructuralmente. Israel mantuvo un tipo de cambio real depreciado durante toda la fase de expansión industrial post-estabilización. Chile hizo lo mismo durante los noventa. No fue casualidad.

La segunda condición faltante es crédito productivo de largo plazo a tasas compatibles con la inversión en capital fijo. Las tasas reales positivas son necesarias y correctas en la fase inicial de la desinflación para coordinar expectativas y desalentar la especulación cambiaria. Pero tasas reales elevadas sostenidas durante períodos prolongados destruyen la inversión en activos de largo plazo antes de que la expansión de capacidad pueda materializarse. El BCRA bajó encajes esta semana. El Banco Nación anunció créditos pyme al 25% anual. Son señales en la dirección correcta. Son insuficientes como política de financiamiento del desarrollo productivo en la escala que la convergencia inflacionaria al 3% anual requiere.

La tercera condición faltante es la más políticamente incómoda de enunciar en el contexto del programa vigente: la recuperación del salario real como componente de demanda que expande el mercado interno y viabiliza la escala productiva que reduce costos unitarios. Una economía que comprime salarios indefinidamente para sostener el ancla inflacionaria destruye el mercado doméstico que hace viable la producción industrial orientada al consumo interno. La industria no invierte en capacidad si no tiene demanda que justifique esa inversión. El consumo masivo cayó 2,1% en el bimestre enero-febrero. El comercio minorista retrocedió 3,2% interanual en enero. Esos no son datos colaterales del ajuste. Son la señal de que la demanda interna que debería traccionar la inversión productiva está comprimida por debajo del umbral que hace rentable ampliar capacidad.

La aritmética que el relato no resuelve

Pasar del 3% mensual al 3% anual implica reducir la tasa de variación de precios en 94% desde los niveles actuales. Es el salto más difícil del proceso de desinflación porque requiere que la economía real —la producción, el empleo, los salarios, el consumo— acompañe la convergencia nominal con una expansión de oferta que la sostenga estructuralmente.

Ningún país lo logró en menos de tres años. Ninguno lo logró solo con ajuste fiscal. Todos los que lo lograron de manera duradera combinaron la consolidación de las cuentas públicas con una política deliberada de expansión de la capacidad productiva orientada a generar valor agregado doméstico, salarios formales crecientes y un mercado interno que retroalimenta la inversión.

El equilibrio fiscal es el comienzo del programa. No es su conclusión.

Argentina tiene la primera mitad. La segunda mitad —la que convierte la estabilización en desarrollo— todavía espera en la agenda.

Y mientras espera, la industria opera al 53,6% de su capacidad, el consumo cae por segundo mes consecutivo, y 22.608 empresas que cerraron desde noviembre de 2023 no van a reabrir porque el déficit bajó a cero.