La Corte Suprema de Justicia presentó un proyecto de reforma del sistema de selección de jueces nacionales y federales. La iniciativa busca modificar de raíz cómo se eligen los magistrados en Argentina.

El documento fue remitido al Consejo de la Magistratura para su análisis. También se notificó a las cámaras nacionales y federales, y a las cortes supremas provinciales.

La propuesta lleva la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. No incluye la rúbrica del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, una ausencia que revela diferencias internas en el máximo tribunal.

El proyecto introduce cambios estructurales en los criterios de evaluación, la ponderación de antecedentes y la organización de las entrevistas personales, con el objetivo de incorporar objetividad, transparencia y previsibilidad en los procedimientos.

Qué tipos de concursos propone el nuevo sistema

La reforma define dos categorías de concursos: anticipados y especiales. Cada uno responde a necesidades diferentes del sistema judicial.

Los concursos anticipados funcionarán como regla general. Permitirán cubrir hasta ocho cargos en cada proceso. Estarán integrados en un Plan Anual que deberá aprobar la Comisión de Selección y el plenario del Consejo.

Los concursos especiales operarán como excepción. Podrán ser simples —para un solo cargo— o múltiples, con un máximo de nueve vacantes.

El esquema busca ordenar la cobertura de vacantes judiciales. También impulsa la digitalización de la inscripción y presentación de antecedentes.

Cómo funcionarían las pruebas de evaluación

El sistema de evaluación contempla una prueba de oposición escrita dividida en dos etapas. Ambas buscan medir conocimientos y capacidad de razonamiento.

La primera etapa será de carácter general. Consistirá en un cuestionario de 120 preguntas seleccionadas de un banco de 2.000. La corrección será automatizada.

La segunda etapa incluirá ejercicios más complejos. Los postulantes deberán resolver casos de razonamiento, interpretar un caso cerrado y redactar una sentencia sobre un caso práctico.

Las consignas de examen estarán a cargo de un Comité de Examen, mientras que la evaluación será realizada por un jurado mediante un sistema informático que garantiza el anonimato de los postulantes, un mecanismo diseñado para uniformar los criterios de corrección.

Este esquema apunta a reducir la discrecionalidad en las evaluaciones. También busca asegurar que todos los candidatos sean medidos con la misma vara.

Qué papel tendrían las entrevistas públicas

El proyecto establece pautas objetivas para ponderar los antecedentes de los candidatos. Una vez completada esa instancia, se elaborará un orden de mérito provisorio.

Los seis candidatos con mejor puntuación serán convocados a entrevistas personales. Estas entrevistas marcarán un cambio significativo en el sistema actual.

Las audiencias serán públicas y se transmitirán por medios audiovisuales. Tendrán una ponderación máxima de 20 puntos dentro del puntaje total.

La exposición pública de las entrevistas apunta a dar transparencia al proceso. Los candidatos deberán demostrar sus capacidades frente a la sociedad, no solo ante los miembros del jurado.

Qué pasos seguirían después de las entrevistas

Una vez finalizadas las etapas de evaluación, la Comisión de Selección debería emitir un dictamen. Este documento incluirá la terna de candidatos, el orden de mérito y los puntajes correspondientes.

Posteriormente, el plenario del Consejo de la Magistratura debería convocar a una audiencia pública. Recién después de esa instancia se resolvería la aprobación o el rechazo del concurso.

Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo deberá alcanzar las mayorías agravadas requeridas en la votación definitiva. Este requisito garantiza que cualquier cambio cuente con respaldo amplio.

Por qué la Corte impulsa esta reforma ahora

En los fundamentos del proyecto, la Corte señala la necesidad de introducir modificaciones basadas en la experiencia acumulada. El documento establece como objetivos centrales la incorporación de criterios de objetividad, transparencia y previsibilidad en los procedimientos, así como la implementación de reglas uniformes para la selección de magistrados en el ámbito nacional y federal.

La iniciativa busca modernizar un sistema que no se modificaba sustancialmente desde hace años. También apunta a reducir los cuestionamientos sobre parcialidad que han marcado algunos concursos recientes.

El proyecto ahora deberá transitar el debate en el Consejo de la Magistratura, donde diferentes sectores políticos y corporativos tendrán voz. La reforma de la selección de jueces promete generar intensas discusiones en las próximas semanas.