A 50 años del golpe de Estado de 1976, la sociedad argentina mantiene una condena amplia y consistente sobre lo ocurrido durante la última dictadura militar. Sin embargo, esa memoria convive con la dificultad de imaginar cómo sería hoy vivir bajo un régimen autoritario. Así lo muestra el estudio “1976/2026. Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después”, elaborado por Pulsar.UBA en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los datos son elocuentes. El 71% de los encuestados asegura conocer lo sucedido entre 1976 y 1983, y la misma proporción de los consultados considera que la dictadura fue mala o muy mala. Además, el 61% la define como un proceso que implicó un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos, mientras que un 70% sostiene que el Estado debe continuar juzgando a los responsables. También hay una mayoría clara (63%) que entiende que no hubo motivos que justificaran el golpe.

“Hay una condena muy fuerte a lo sucedido en ese período. Entre el 60% y el 80% de los consultados, a través de distintas preguntas, consideran que fue una dictadura mala o muy mala, abonan a la idea de que hubo un plan sistemático de desaparición de personas y sostienen que no hubo motivos que justificaran el golpe”, explicó Facundo Cruz, coordinador general del Observatorio Pulsar UBA, en diálogo con El Economista.

El analista remarcó que, en Argentina, las posiciones no son homogéneas, pero sí muestran un peso mayor de las posturas de condena. Un 47% tiene lo que llamaron “memoria activa”: no solo reconoce que hubo un plan sistemático de desaparición de personas, sino que rechaza cualquier relativización, sostiene la cifra de 30.000 desaparecidos y apoya los juicios. En el otro extremo, los “relativistas fuertes” alcanzan apenas el 12%: tienden a ver la dictadura bajo la idea de los excesos y no son tan negativos en la evaluación de la Junta Militar. En el medio, 40% se ubica en una zona gris, con condenas parciales y matices interpretativos.

En países como Chile o España, esos “relativistas fuertes” rondan el 30%, mientras que “en Argentina son una porción minoritaria”, agregó.

Asimismo, el 83% de los encuestados considera poco o nada probable que vuelva a haber una dictadura en Argentina. La idea de que “eso no puede volver a pasar” aparece como un sentimiento transversal, apoyado en la creencia de que la sociedad reaccionaría para impedirlo.

“(Los consultados dicen que) la gente no dejaría que pase, habría movilizaciones, reacciones, la sociedad en su conjunto impediría que algo así ocurriera“, sintetizó Cruz. Para él, esta percepción está vinculada a la transmisión de la memoria: “Las políticas de memoria, verdad y justicia llevan a la ciudadanía a pensar que es muy improbable que esto vuelva a suceder”.

Pero cuando la encuesta indaga más allá de esa certeza, aparece un dato menos evidente. Al preguntar cómo imaginan la vida en dictadura, predominan el silencio o la dificultad para construir una escena concreta. Es algo que en gran parte de los argentinos no aparece como una experiencia vivida.

En ese vacío, las imágenes que emergen no remiten tanto a la represión estatal o a la persecución política. No poder usar redes sociales, no poder comunicarse libremente o perder acceso a internet son algunas de las primeras asociaciones.

Para amplios sectores -especialmente entre los más jóvenes- la idea de libertad aparece vinculada antes a la comunicación que a la ocupación del espacio público o la participación política. La dictadura, en ese marco, se vuelve más difícil de pensar en sus términos históricos.