El Gobierno derogó la llamada “resolución conjunta” de 2012, una normativa que durante más de una década limitó qué productos farmacéuticos y biotecnológicos podían ser patentados en la Argentina. La medida responde a un pedido histórico de Estados Unidos, reiterado en informes oficiales, y marca un cambio de rumbo en la política de propiedad intelectual del país.
La resolución eliminada era cuestionada por sectores de la industria internacional porque, según sostenían, facilitaba la copia de medicamentos al restringir el alcance de las patentes. En cambio, los laboratorios nacionales defendían ese esquema, al considerar que les permitía desarrollar versiones propias de fármacos y sostener su competitividad.
El nuevo marco, acordado entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y el INPI, apunta a alinear el sistema argentino con estándares internacionales, fortalecer la protección de la propiedad intelectual y favorecer la llegada de nuevas tecnologías y medicamentos al mercado local.
No obstante, la normativa incluye un esquema transitorio clave: no tendrá efecto retroactivo. Esto implica que los medicamentos que ya se comercializan en el país podrán seguir vendiéndose sin restricciones, y los titulares de nuevas patentes no podrán reclamar compensaciones ni frenar esas ventas.
La decisión se inscribe en una agenda más amplia impulsada por Federico Sturzenegger, orientada a desregular sectores y adaptar normas locales a estándares globales. Aun así, el cambio expone tensiones dentro del propio Gobierno, especialmente con el área de Salud, que debió convalidar una medida con fuerte impacto sobre la industria farmacéutica nacional.
