La cruzada del gobierno de Javier Milei contra los consensos que la sociedad argentina fue alcanzando en las últimas décadas sumó un nuevo capítulo con el ataque a la industria. Luego de haber relativizado los crímenes del terrorismo de Estado, de calificar a la justicia social como “un robo” y de atacar -con desfinanciamiento incluido- a instituciones emblemáticas de la educación y salud pública como la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Hospital Garrahan, el nuevo objetivo en la mira es el acuerdo social en torno a que el desarrollo del país está atado en buena parte a un sector industrial pujante. 

Si bien las críticas de Milei a la incapacidad de competir de la industria no son nuevas, se agudizaron en las últimas semanas al punto que en el discurso de apertura de Argentina Week, el evento organizado esta semana en Nueva York para atraer inversores internacionales, el presidente señaló que aquellos que “defienden la industria nacional son unos chorros”. 

En el mismo discurso, el presidente volvió a apuntar contra dos de los más importantes empresarios industriales del país: Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y la ahora extinta Fate, a quienes acusó de “prebendarios”. 

Para analistas, lejos de ser una más en la larga lista de agresiones presidenciales, la ofensiva contra el sector industrial parece querer anticiparse a los tiempos que vendrán. La tenaza conformada por ingresos reales incapaces de apuntalar la demanda y el salto de las importaciones viene teniendo efectos demoledores para la actividad fabril. Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, el sector industrial registró una caída del 8,3%, en contraste con un leve crecimiento del 1,3% de la economía general, según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ese descenso provocó la pérdida de casi 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, lo que promedia 160 empleos por día. 

Todo indica que con un esquema económico que seguirá profundizándose en busca de alcanzar el objetivo todavía esquivo de llevar a la inflación a niveles en torno al 1% mensual, las condiciones para la industria continuarán siendo, como mínimo, complejas. “El gobierno tiene una clara idea sobre el potencial que tiene el sector moderno de la economía -energía, minería y biotecnología, entre otros-, pero le hace falta tener una lectura más detallada y ver la complejidad que tiene la otra Argentina productiva, la que está orientada al mercado doméstico y la que se desarrolla dentro del sector informal de la economía”, dijo a El Economista Bernardo Kosacoff, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.  

Lejos de detenerse en esas complejidades, el gobierno está decidido a pintar el nuevo escenario con brocha gorda. “Los empleos que se destruyen en este sector, se van a crear en otro sector, que además está en condiciones de competir internacionalmente”, dijo el presidente en su discurso en Argentina Week. El problema de esa estrategia está atado a los tiempos. “En el proceso de cierre de industrias y de creación de nuevas empresas o actividades, siempre hay una transición que genera costos, y ahí está la habilidad de los gobiernos para atender y minimizar esos costos”, señaló a El Economista Ricardo Delgado, presidente de Analytica Consultora. “Por supuesto que hay que buscar eficiencias y ser más competitivos, pero las reconversiones no se hacen a golpe de mercado”, agregó.  

¿Batalla cultural o reducción de daños?

Sin señales de que esos reparos vayan a ser atendidos, la estrategia del gobierno parece más enfocada en intentar minimizar los costos sobre su imagen de una eventual ola de despidos y suspensiones. Esas noticias, además de impactar directamente en las personas que pierden su empleo, suelen abrir dudas en el resto de la sociedad sobre el rumbo económico. 

En ese marco, personalizar los ataques en algunos empresarios podría buscar diluir la sensación de que la industria, en particular, y la economía, en general, se enfrentan a una crisis sistémica. “Puede ser que el ataque a empresarios sea parte de una estrategia de desviar la atención”, señaló a El Economista el analista político Lucas Romero, director de Synopsis Consultores. “El problema es que el costo parece ser más elevado que el beneficio: en un evento en que Argentina tenía una oportunidad fenomenal para atraer inversiones, lo que sobresalió son las agresiones del presidente a los empresarios”, añadió. 

En la batalla cultural contra la industria, otro de los ejes del gobierno pasa por hacer foco en los beneficios de corto plazo para los consumidores de los menores precios de los productos importados. “Si los neumáticos costaban US$ 100 y el político pone una pared enorme para que no se pueda importar neumáticos y hay que pagarlos a US$ 400, eso es un problema claramente en varias dimensiones… La realidad es que lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a poder ahorrar US$ 300 y lo van a poder gastar en el resto de los bienes de la economía”, dijo el presidente el martes pasado en Nueva York. 

Sin embargo, el riesgo para el gobierno es que, en un contexto en que la economía de la calle se vuelve cada día más dura, la percepción social no termine de alinearse con sus argumentos. “Ese tipo de explicaciones del menor precio de las importaciones no llegan a la gente, son más bien parte de una discusión académica”, dijo Romero. “Cualquiera podría contra argumentar que parte del dinero que un consumidor ahora se ahorra en comprar neumáticos lo tiene que destinar a cubrir el mayor costo de los servicios: no es lineal que lo que queda liberado por los menores precios de los productos importados vaya al consumo de otros bienes; de hecho, el consumo no crece”.

¿Cuánto pierde Argentina con menos industria?

Con el foco del gobierno puesto en acelerar el avance de las actividades del sector primario más competitivas, la industria asoma casi como un estorbo. Si bien el sector ha padecido, y mucho, con gobiernos que prometieron impulsarlo -la actividad industrial se mantiene prácticamente estancada en los mismos niveles desde 2007-, la diferencia es que ahora la caída no parece ya ser la consecuencia de una errada política económica, sino el efecto secundario de un esquema que prácticamente la descarta. 

Aún con sus dificultades, la industria todavía representa cerca del 14% del PBI, emplea a más de un millón de trabajadores formales y paga salarios 30% más altos que el promedio de la economía. Además, cada puesto que existe en el sector industrial tiene un impacto en la creación de 2,5 puestos indirectos en otras actividades articuladas con el sector manufacturero. Y la industria tiene una participación de casi el 60% entre las inversiones privadas en investigación y desarrollo del país. “Entre otra cantidad de ventajas y especializaciones que van más allá del número frío de cuánto representa el sector en el PBI, la industria genera localización geográfica y mejores capacidades en el mundo del trabajo”, dijo Delgado. “Esto debería ser incluido en el debate teniendo en cuenta lo que pasó en los países que se desarrollaron”, agregó. 

Esos activos, claro, conviven con enormes problemas estructurales que el sector arrastra desde hace décadas. “Ha habido un muy lento proceso de inversiones, de gastos de investigación y desarrollo, de calificación de recursos humanos, y de desarrollo de proveedores especializados, lo que nos dejó como resultado que hoy la industria argentina tiene solo 40% de la productividad que tienen los países desarrollados”, dijo Kosacoff. “Ahora, por un lado están las cuestiones al interior de las empresas, pero, por el otro, también incide el entorno sistémico en el cual operan, como los déficits logísticos, el escaso desarrollo del mercado de capitales y la estructura impositiva, además de años de inestabilidad macroeconómica”.

En todo caso, aún con esos problemas a cuestas, dejar librada a su suerte a una estructura industrial que es la tercera más importante de América Latina y está entre las diez más grandes de los países en desarrollo no parece ser la mejor opción. 

Y un día, llegaron las reacciones

Luego de más de dos años de silencio empresarial como única respuesta a los ataques del gobierno, en las últimas dos semanas asomó un incipiente cambio de tendencia. La primera reacción fue un comunicado de la UIA reclamando “respeto” tras el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en el que el presidente sostuvo que hubo empresarios que compraron privilegios a políticos corruptos y que la protección implicó “robar” a los consumidores. 

En la misma línea, la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) señaló en esa oportunidad que “para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado”. La saga continuó el miércoles pasado, cuando la UIA emitió otro comunicado en respuesta al discurso de Milei en Argentina Week. “Cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto”, señaló la entidad. 

En esa decisión de responder a los ataques, todo indica que el peso del Grupo Techint se impuso al interior de la UIA frente a quienes prefieren seguir resguardando la relación con el gobierno alejándose de cualquier conflicto. “Todavía los empresarios se cuidan, individualmente no se animan a levantar la voz porque tienen miedo a las represalias, pero corporativamente empezó a aparecer otro tono”, dijo Romero. “Veremos cómo evoluciona y si Milei acusa recibo de ese cambio”, añadió.

Como en tantas otras veces, las tensiones crecerán o se moderarán en función de cómo vaya evolucionando la economía y el humor social. “Milei ha avanzado sobre muchos consensos, incluso a costa de que esos consensos siguen siendo mayoritarios: hasta ahora, todo cayó en el pedestal de la expectativa acerca de si esto funcionará”, señaló Romero. “Pero si la inflación deja de bajar, empieza a haber destrucción de empleo y la gente siente que sus ingresos se siguen deteriorando, habrá cada vez menos crédito en torno a que el rumbo sea el correcto”, concluyó.