La acumulación de evidencia empírica disponible al cierre de la primera semana de marzo de 2026 configura un cuadro diagnóstico que la narrativa oficial del programa económico no puede seguir postergando. 

Dos conjuntos de datos, provenientes de fuentes académicas e institucionales de primer nivel, convergen hacia una conclusión que el análisis de coyuntura debe formular con la precisión que los hechos exigen: la economía argentina exhibe simultáneamente un proceso de desindustrialización acelerada sin precedentes en noventa años y una contracción de la demanda de insumos importados que los propios actores del sector describen como comparable a la recesión de 2024, a pesar de que las condiciones estructurales del mercado —tipo de cambio, apertura arancelaria, nivel de actividad agregada— deberían estar generando el efecto opuesto.

Dos síntomas, una sola patología

El informe elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA certificó esta semana que la participación del sector manufacturero en el PBI descendió del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025. 

Ese nivel de representación industrial en el producto no se registraba desde antes de la Segunda Guerra Mundial. La industria argentina cayó 8,3% desde el inicio del gobierno de Milei, acumula una capacidad ociosa del 40%, destruyó 100.000 puestos de trabajo a razón de 160 empleos por jornada laboral y registró caídas en 23 de sus 24 subsectores. Los más afectados —metalurgia, calzado, curtiembres e industria de la construcción— perdieron entre el 20% y el 25% de su producción.

En paralelo, las importaciones argentinas tocaron en febrero su nivel más bajo en 22 meses en dólares corrientes. 

La paradoja es técnicamente elocuente: Argentina tiene hoy un tipo de cambio más bajo, una economía más abierta y un nivel de actividad agregada superior al de la recesión de 2024, tres variables que en condiciones normales deberían impulsar las compras externas hacia arriba. 

Sin embargo, las importaciones de insumos y bienes de capital —los que demandan la industria y la construcción— se derrumban. Los bienes de consumo y los vehículos, en cambio, siguen creciendo en términos interanuales.

La lectura sistémica de ambos fenómenos es inmediata: una industria manufacturera en contracción estructural no demanda insumos intermedios. Una economía que destruye capacidad productiva no importa bienes de capital. Los datos son la misma historia contada desde dos ángulos distintos.

El sobrestock preelectoral como factor transitorio que no explica lo estructural

Los economistas consultados por este medio identificaron dos hipótesis no excluyentes para explicar la caída de importaciones. 

La primera —que varios especialistas califican como la explicación dominante en el corto plazo— apunta al comportamiento precautorio de los importadores en la previa de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Ante la expectativa de una devaluación post-electoral que finalmente no se materializó, muchas empresas adelantaron compras masivas que no encontraron la demanda esperada, generando inventarios excedentes que el mercado interno está digiriendo con lentitud. El 53,5% de los empresarios industriales consultados por el Indec declaró que no planea aumentar la producción por falta de demanda interna: sin expectativa de ventas, no hay incentivo para reponer stocks.

La segunda hipótesis, más profunda e incómoda, señala que la debilidad estructural de la industria manufacturera opera como causa autónoma e independiente del fenómeno del sobrestock. Los sectores que más importan insumos son precisamente los que más retroceden: industria y construcción. 

El Indec confirmó esta semana que la actividad manufacturera encadenó en enero su séptima caída interanual consecutiva. 

Que las importaciones de insumos industriales caigan mientras las de bienes de consumo crecen no es una anomalía estadística: es la huella empírica de una economía que consume más de lo que produce y produce cada vez menos de lo que necesitaría para sostener una trayectoria de desarrollo autónomo.

Tres escenarios para los próximos 12 meses

La convergencia de los datos industriales y comerciales permite construir tres escenarios analíticos para el horizonte de doce meses, con probabilidades y condicionantes diferenciados.

El escenario de normalización gradual —el más benigno— supone que el sobrestock preelectoral se disipa en el primer trimestre de 2026, que la recuperación del consumo privado traccionada por la desinflación y la baja de tasas reactiva la demanda de insumos, y que la industria encuentra un piso de estabilización en torno al nivel actual. En este escenario, las importaciones recuperarían gradualmente su nivel en el segundo semestre y la producción manufacturera mostraría tasas de variación interanual menos negativas hacia fin de año. La condición necesaria es que el tipo de cambio no sufra presiones adicionales derivadas del conflicto en Medio Oriente y que las negociaciones con el FMI sobre las metas de reservas se resuelvan sin sobresaltos.

El escenario de profundización del deterioro —el más probable en ausencia de cambios de política— implica que la contracción industrial continúa a lo largo de 2026 dado que las causas estructurales —tipo de cambio apreciado, apertura sin gradualismo sectorial, ausencia de política industrial activa— no serán modificadas por la dinámica actual del programa económico. En este escenario, la capacidad ociosa del 40% que documenta el informe de la UBA no se reduce sino que se consolida como nuevo equilibrio de menor escala para el sector. La desindustrialización deja de ser un proceso de ajuste transitorio y se convierte en una transformación estructural permanente de la composición productiva argentina. El PBI industrial per cápita, ya ubicado en valores de 1985, podría retroceder hacia registros de la primera mitad de los años ochenta.

El escenario de ruptura —el de menor probabilidad pero mayor impacto— incorpora el vector del conflicto en Medio Oriente como detonante de un shock externo que amplifica las fragilidades ya identificadas. Con reservas netas del Banco Central en aproximadamente -9.856 millones de dólares bajo metodología del FMI, riesgo país por encima de los 500 puntos básicos y financiamiento externo costoso, una corrida hacia activos refugio derivada de la escalada geopolítica podría comprimir la disponibilidad de divisas, forzar una corrección cambiaria y añadir entre 1 y 2 puntos porcentuales adicionales de inflación anual, revirtiendo los avances desinflacionarios del programa y debilitando aún más el poder adquisitivo de los salarios reales. Seis bancos internacionales de primer nivel —Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Wells Fargo y Bank of America— identificaron explícitamente a Argentina como una de las economías emergentes más expuestas a este tipo de evento.

La apertura sin política industrial: el nudo que los datos certifican

El presidente Milei defendió ante el Congreso la apertura de importaciones argumentando que beneficia a 48 millones de argentinos al reducir los precios de los bienes de consumo, mientras que solo perjudica a los “empresarios ineficientes”. 

La lógica tiene coherencia interna en el marco de la economía neoclásica del comercio internacional: la competencia importadora obliga a las firmas domésticas a mejorar su productividad o a salir del mercado, asignando los recursos hacia usos más eficientes.

El problema empírico de esa hipótesis es que los datos no la validan en el contexto específico del caso argentino. La producción local de bienes de capital cayó casi 25% entre 2023 y 2025 mientras las importaciones del mismo rubro se dispararon 77%. Esto no describe la sustitución de productores ineficientes por proveedores más competitivos: describe el desmantelamiento de la capacidad de fabricar los medios de producción que cualquier proceso de reindustrialización futura requeriría. 

Un decreto habilitó el ingreso de maquinaria agrícola usada, multiplicando por ocho ese flujo entre mayo y octubre de 2025, con impacto directo sobre los fabricantes nacionales del segmento. 

Ningún modelo de eficiencia dinámica justifica la importación de capital usado como sustituto del desarrollo de capacidades productivas locales.

La UIA respondió con un comunicado que reclamó respeto y diálogo constructivo. El ministro Luis Caputo intentó mediar desde Mendoza distinguiendo entre un capitalismo de mercado genuino y la dependencia de la protección estatal. La distinción conceptual es políticamente útil pero analíticamente insuficiente: los datos del informe académico de la UBA no discriminan entre empresarios eficientes e ineficientes. 

Certifican una destrucción manufacturera que alcanzó al 95,8% de los subsectores del país, una cifra que estadísticamente no puede ser interpretada como la selección natural de los menos competitivos.

Lo que el modelo debe incorporar para evitar el daño irreversible

El análisis integrado de ambos conjuntos de datos —desindustrialización certificada académicamente y colapso de la demanda de insumos importados— conduce a una conclusión que la política económica argentina debe procesar con urgencia antes de que la ventana de reversibilidad se cierre definitivamente. La capacidad productiva destruida no se reconstituye automáticamente cuando las condiciones macroeconómicas mejoran: el capital humano especializado se dispersa, las redes de proveedores se fragmentan, el conocimiento acumulado se pierde. Brasil tardó años en reconstruir segmentos industriales que cedió durante períodos de apertura sin gradualismo. 

• Argentina, con una historia de desindustrialización recurrente, tiene menor margen de tolerancia ante nuevos ciclos de destrucción de capacidades.

La agenda que los datos reclaman no es incompatible con el programa de estabilización en curso: es su complemento necesario. 

Requiere una política de ingresos que reconstruya el poder adquisitivo de los salarios reales como motor de la demanda interna, un esquema de crédito productivo que financie la reconversión de las firmas industriales a tasas accesibles, una apertura comercial diferenciada que proteja los sectores con potencial de desarrollo y externalidades tecnológicas, y un marco normativo que anticipe el impacto de la automatización y la inteligencia artificial sobre el mercado laboral. Ninguno de estos componentes está presente en el programa actual con la densidad y la sistematicidad que la magnitud del problema exige.

Ordenar la macro es condición necesaria. No es condición suficiente. Y el tiempo para incorporar las condiciones faltantes se agota con cada jornada en que se pierden 160 empleos industriales que el mercado, librado exclusivamente a sus propias señales de precio, no reemplazará.