Este jueves 26 de febrero, el Senado de la Nación se convierte en el escenario de una de las discusiones ambientales y económicas más trascendentales de los últimos años. El foco está puesto en la reforma de la Ley de Glaciares (26.639), la normativa de presupuestos mínimos que protege a los glaciares y al ambiente periglaciar en todo el territorio argentino.
El eje de la reforma de la Ley de Glaciares
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca reconfigurar los límites de protección ambiental con un objetivo claro: armonizar la conservación del recurso hídrico con el desarrollo de la minería a gran escala. Entre los cambios más polémicos se encuentran:
- Redefinición de áreas protegidas: Se propone restringir la protección estricta solo a aquellos glaciares que cumplan funciones hídricas “significativas”, una categoría que, según técnicos del área, queda sujeta a interpretaciones variables.
- Federalismo de recursos: Se otorga a las provincias un rol protagónico en la gestión y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, permitiendo que las autoridades locales tengan la última palabra sobre qué zonas son aptas para la actividad extractiva.
- Sintonía con el RIGI: La modificación se presenta como un paso necesario para dar seguridad jurídica a las inversiones contempladas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que identifica a la cordillera como un polo estratégico.
El oficialismo ha logrado tejer alianzas con senadores de provincias con perfil minero, como San Juan, Catamarca y Jujuy, quienes ven en esta reforma una oportunidad histórica para el crecimiento regional.
Sin embargo, el bloque opositor y algunos sectores del radicalismo han manifestado su preocupación por el “vacío legal” que podría generarse. El punto de fricción reside en que, al flexibilizar los controles sobre el ambiente periglaciar (suelos congelados que también aportan agua a las cuencas), se pondría en riesgo el suministro hídrico de las poblaciones que dependen de los ríos cordilleranos.
El reclamo ambientalista
Mientras el debate transcurre en el recinto, diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos científicos se manifiestan en las inmediaciones del Congreso. Advierten que Argentina es pionera en la protección de glaciares y que dar marcha atrás en los estándares de cuidado actuales podría traer consecuencias irreversibles en un contexto de calentamiento global y sequías prolongadas.
“No estamos ante una mejora técnica de la ley, sino ante un recorte de sus alcances para beneficiar proyectos específicos”, sostuvieron referentes del sector ambiental en un comunicado conjunto emitido previo a la sesión.