Una reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén rechazó una presentación de la comunidad mapuche Paicil Antriao, de Villa La Angostura, y dejó el camino allanado para que el desalojo ordenado el año pasado pueda ejecutarse en los próximos días. La decisión se conoció mientras otras causas vinculadas a la comunidad continúan en trámite ante la Corte Suprema.

Aunque el abogado del lof presentó una queja ante el máximo tribunal nacional, esa acción no suspende la ejecución de la sentencia previa. Entre los expedientes en disputa se encuentra el iniciado por el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili, quien en 2004 adquirió una propiedad en el cerro Belvedere, dentro del histórico lote 9.

La Justicia rechazó medida presentada por Mapuches: avanza la ejecución del desalojo

En septiembre de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino dio por acreditado el título de propiedad de Ginóbili y fijó un plazo de 30 días para que la comunidad abandonara el predio. Sin embargo, cuando se intentó avanzar con la ejecución, el juez de Junín de los Andes se declaró incompetente para intervenir en esa instancia.

El abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, cuestionó esa decisión y llevó el planteo ante el máximo tribunal provincial. “El tema llegó al Tribunal Superior de Justicia. Estábamos discutiendo la ejecución de esa sentencia y ahora el tribunal rechazó mi recurso de casación y le da la causa a Bonorino, juez de Villa La Angostura, para llevar adelante el desalojo”, explicó el letrado tras conocerse la resolución.

Sánchez agregó que, en paralelo al proceso judicial, mantenían una instancia de diálogo con el municipio local, aunque señaló que esa vía “a esta altura parece que está quebrada”. De todos modos, confirmó que aún resta presentar un recurso extraordinario contra el reciente fallo del TSJ.

El conflicto con Ginóbili se originó por un terreno de aproximadamente 20 hectáreas en el cerro Belvedere. Desde la comunidad Paicil Antriao sostienen que esas tierras eran utilizadas históricamente para el pastoreo de ganado ovino y que el deportista no estaba al tanto de esa situación al momento de la compra. Incluso afirmaron que el exjugador “fue estafado” al adquirir los lotes.

Según la comunidad, la posesión del territorio se remonta a 1900, cuando el general Julio Argentino Roca les habría otorgado 625 hectáreas correspondientes al lote 9, que incluye el cerro Belvedere y sectores sobre el lago Correntoso. El lof administra actualmente un camping en esa zona.

En su sentencia, Bonorino sostuvo que “no hay informe oficial alguno que determine que esas tierras gozan de la protección de la propiedad comunitaria indígena“, y consideró que los informes elaborados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) resultan “contradictorios” y “preliminares”, por lo que no constituyen prueba suficiente para acreditar ocupación tradicional.

Reclamos y otros conflictos en la zona

Tras el fallo, desde la comunidad cuestionaron los fundamentos del juez. “La argumentación de este juez en su sentencia plantea que hay carencia de soporte científico, tirando por la borda los informes de peritajes antropológicos presentados por la comunidad. No consideró los numerosos testimonios de mayores mapuches presentados en la causa, quienes son los que poseen y tienen la memoria y la historia de este territorio como nadie. Además, en el fallo Bonorino hace mención a la ‘autoproclamada comunidad Paichil Antriao’, cuando tenemos Personería Jurídica otorgada por el mismo Estado. Esto es discriminatorio y racista por donde se lo mire”, manifestaron.

Las comunidades mapuches también señalaron que el municipio de Villa La Angostura “coordina maniobras para volver a la carga” con otros desalojos, como los que involucran a los lof Quintriqueo y Melo. En ese sentido, Sánchez detalló: “Todavía quedan recursos para presentar. En la causa de Quintriqueo y Melo, inicié una acción contra la familia Broers. Y el juez integró la litis con el gobierno de la provincia de Neuquén, dijo que ellos estaban interesados en la causa y que eran demandados, por lo que nos ordenó notificar. Estoy haciendo los oficios para frenar el desalojo. Porque, por otro lado, el particular en el expediente madre trata de llevar adelante la ejecución de la sentencia”.

En el caso del lof Quintriqueo, el conflicto comenzó a fines de 2011, cuando María Cristina Broers denunció que integrantes de la comunidad ingresaron en su lote ubicado sobre el lago Nahuel Huapi, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura. En 2016, la Justicia ordenó el desalojo, aunque su ejecución quedó suspendida tras la intervención del Ministerio de Gobierno neuquino el año pasado.