El Gobierno aceptó 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral en medio de intensas negociaciones con gobernadores, sindicatos y cámaras empresariales. 

• La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó los cambios antes del debate previsto para este miércoles en el Senado, en una sesión que comenzará a las 11. 
• La Casa Rosada busca que la ley quede aprobada durante las sesiones extraordinarias para que Javier Milei la incluya en su discurso del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa.

En la negociación con los gobernadores, el punto más sensible fue el impacto fiscal. Las provincias advirtieron que el capítulo tributario implicaba una caída de $1,9 billones en fondos coparticipables. Finalmente, el Ejecutivo eliminó el artículo que reducía del 30% al 27% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas. También se quitó el polémico artículo 190, tras la presión de mandatarios provinciales —incluso aliados— y ante la falta de votos para sostenerlo.

Con la CGT, el oficialismo cedió en aspectos clave vinculados a la denominada “caja sindical”. Se mantendrá por dos años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2% (hoy algunos sindicatos cobran hasta 4%). Además, no prosperó la rebaja de cargas patronales para obras sociales, que seguirán en 6% y no bajarán al 5% como proponía el texto original. Las empresas continuarán siendo agentes de retención de las cuotas sindicales. 

• Sin embargo, la central obrera no logró frenar la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales ni el artículo que exige autorización patronal para realizar asambleas en los lugares de trabajo.

En el frente empresarial, se mantuvo el aporte obligatorio a las cámaras con un tope del 0,5% y se confirmó que los salarios deberán pagarse por vía bancaria, dejando afuera a las billeteras virtuales. También se creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos sin causa, con un aporte del 2,5% para pymes y del 1% para grandes compañías.

Entre otros cambios, se estableció que los juicios laborales se calcularán solo sobre salarios —sin incluir aguinaldo ni vacaciones— y que podrán abonarse en cuotas: hasta seis en el caso de grandes empresas y hasta doce para pymes. Además, se amplía la definición de servicios esenciales y trascendentales, uno de los puntos más debatidos del proyecto.