El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año, a raíz de la magnitud de los incendios forestales que afectan a la región patagónica y del centro-sur del país. La medida fue dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y también establece la declaración de zona de desastre en los territorios comprometidos por el fuego.

La decisión se fundamenta en el agravamiento de los incendios, en particular los registrados en el Parque Nacional Los Alerces, que provocaron daños significativos sobre el patrimonio natural protegido y generaron riesgos para las poblaciones cercanas. Según los considerandos del decreto, las condiciones meteorológicas adversas —marcadas por la sequía prolongada y los vientos intensos— configuraron un escenario crítico que superó la capacidad operativa de los medios desplegados para el combate del fuego.

Hace unos días, la controversia por los incendios que arrasan la Patagonia se metió por la fuerza en la agenda del presidente Javier Milei. Es que el PRO liderado por el expresidente Mauricio Macri dio su apoyo al reclamo público de los gobernadores de la región para que se incorpore al temario la declaración de emergencia ígnea a las sesiones extraordinarias .

Si bien el pedido de los gobernadores fue “al Congreso de la Nación”, el reclamo apunta en verdad a Milei. Si bien el Gobierno envió más de 200 brigadistas, los gobernadores alertan que la asistencia no es suficiente.

La punta de lanza de los gobernadores fue el chubutense Ignacio Torres, quien difundió el reclamo que comparte con Sergio Ziliotto (La Pampa); Alberto Weretilneck (Río Negro); Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) para el Gobierno y el Congreso, donde los diputados de esas provincias empiezan amover el proyecto de emergencia. En las últimas horas, Macri decidió desmarcarse del Gobierno en este tema y llevó al PRO a respaldar el reclamo.

Marco legal y justificación de la medida

El DNU se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y obliga a las autoridades a preservar el patrimonio natural y la biodiversidad. Asimismo, se encuadra en la Ley de Manejo del Fuego (26.815), que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental frente a incendios forestales y rurales, y en la Ley 27.287, que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

De acuerdo con el texto oficial, la gravedad de la situación impidió seguir el trámite legislativo ordinario, ya que ello habría demorado la adopción de medidas urgentes. Por ese motivo, el Poder Ejecutivo recurrió al mecanismo previsto en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, que habilita la emisión de decretos de necesidad y urgencia en circunstancias excepcionales.

Coordinación a cargo de la Agencia Federal de Emergencias

El decreto encomienda un rol central a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo desconcentrado que depende del Ministerio de Seguridad Nacional y que fue creado en marzo de 2025. A partir de esta norma, la AFE será la encargada de coordinar el despliegue de recursos y las acciones necesarias para enfrentar la emergencia.

Entre sus funciones se incluyen las tareas de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales, así como la atención y mitigación de los daños sobre la vida, la integridad física, los bienes y los medios de subsistencia de las personas afectadas. También deberá asistir a los gobiernos provinciales y municipales para garantizar recursos efectivos destinados tanto al control del fuego como a la recuperación posterior de las zonas impactadas.

Las acciones se desarrollarán en coordinación con las autoridades locales y bajo los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego, con el objetivo de asegurar una respuesta articulada entre Nación, provincias y municipios.

Emergencia por un año y control parlamentario

La Emergencia Ígnea tendrá una vigencia de un año a partir de la publicación del decreto. Durante ese período, el Gobierno nacional podrá adoptar medidas excepcionales orientadas a frenar los incendios activos, prevenir nuevos focos y avanzar en planes de restauración ambiental de las áreas dañadas.

En paralelo, el decreto dispone que se dé intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá analizar la validez del DNU conforme a lo establecido en la Ley 26.122. Ese órgano legislativo será el encargado de elevar un dictamen para su tratamiento en ambas cámaras.

La medida se inscribe en un contexto de creciente preocupación por los incendios forestales y su impacto ambiental, productivo y social, en un escenario climático adverso que exige respuestas inmediatas y coordinadas por parte del Estado.