El decreto que reestructuró la SIDE -firmado el 31 de diciembre y publicado el 2 de enero- sigue generando revuelo. La oposición avanza con amparos y pedidos de tratamiento legislativo. Mientras, el Gobierno espera que la Justicia no dé lugar a los reclamos.
Dirigentes de diversos espacios -pero de origen radical- presentaron este martes un amparo que solicita la suspensión del DNU 941/2025 que reforma la Ley de Inteligencia. La medida tiene como principal polémica la habilitación a aprehender personas en el desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia. Además, establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”.
El amparo, firmado por Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsin, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile, presenta un recurso excepcional de per saltum para reclamar directamente ante la Corte Suprema en caso que el pedido sea rechazado en primera instancia.
Los dirigentes piden la habilitación de la feria para que se dicte una medida cautelar para suspender la aplicación del decreto. Asimismo, indican que “la sola entrada en vigencia del DNU impugnado produce efectos jurídicos inmediatos”, dado que amplía las facultades de los organismos de inteligencia y habilita la realización de tareas de contrainteligencia, recolección e intercambio de información sin control judicial previo. En paralelo, destacan que la reforma debe ser objeto de deliberación y decisión del Congreso.
El ex diputado kirchnerista Moreau expresó que el decreto es una pieza “de un engranaje que constituye un plan sistemático de persecución y represión política“. Por su parte, Alfonsín deslizó en sus redes: “Conozco el poco aprecio de (Javier) Milei por los valores republicanos y democráticos”.
El recurso se suma al amparo presentado este lunes por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto a Esteban Paulón, del Partido Socialista. “¿Estado de Derecho o Estado de Vigilancia? Presentamos un amparo contra el DNU 941/2025 de Inteligencia para que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable. Asimismo, solicitamos una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento”, informaron en X.
“No hubo ni hay necesidad ni urgencia”, manifestaron. “El Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”, agregaron.
El 1° de enero, Ferraro había publicado: “Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas. Pero como lo firma Milei, los bastantes y advenedizos republicanos intermitentes y de ocasión, ¿mirarán para otro lado? ¿Elegirán callar? ¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”.
En paralelo, el interbloque Unidos y el peronismo solicitaron la constitución de las comisiones bicamerales que permitan el tratamiento del DNU en el Congreso.
El Gobierno, entre la confianza y la defensa
Tras los reclamos, el Gobierno confía en que la Justicia no dé lugar a los amparos mientras diseña la estrategia legal para enfrentarlos en caso de que les dé curso. Según reveló Infobae de una fuente con acceso al despacho presidencial, el oficialismo cree que los recursos no deberían avanzar dado que se debe acreditar daño y nadie puede hacerlo.
El Gobierno explicó los cambios en el organismo a través de un comunicado. Las modificaciones están alineadas “con los más altos estándares democráticos”, y dejan atrás un ente “que durante décadas fue utilizado de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad”, sostiene el documento.
El comunicado, titulado “Reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional” comienza contextualizando los cambios impulsados. Afirma que los desafíos globales y el nuevo rol central que ocupa el país en el mundo requieren “un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”.
El Gobierno considera que el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) “durante décadas fue utilizado de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad”.
El objetivo central de la reforma, dice el documento, “es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del SIN, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”. En este sentido, elimina funciones “que históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional”, como la seguridad interna del país y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado.
Estas últimas funciones serán competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, quien responde a Karina Milei.
El DNU modifica la denominación de la Agencia de Seguridad Nacional por la de Agencia Nacional de Contrainteligencia. La estructura “queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia, eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y a la falta de control”, dice el comunicado.
“La contrainteligencia se define de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o interferencia de agentes externos, poniendo fin a las prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”, agrega.