El Gobierno explicó los cambios que decretó este viernes para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) a través de un comunicado del organismo. Las modificaciones están alineadas “con los más altos estándares democráticos”, y dejan atrás un ente “que durante décadas fue utilizado de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad”, sostiene el documento. Mientras el peronismo y el interbloque Unidos reclamaron el tratamiento del DNU en el Congreso, el PRO mantiene la cautela.
La justificación se publicó en las redes de la SIDE horas más tarde que el decreto 941/2025 que modificó la Ley de Inteligencia Nacional. La medida reestructura el organismo -cuya principal influencia proviene del asesor presidencial Santiago Caputo– y tiene como principal polémica el siguiente punto: “En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
Además, establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”.
El comunicado, titulado “Reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional” comienza contextualizando los cambios impulsados. Afirma que los desafíos globales y el nuevo rol central que ocupa el país en el mundo requieren “un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos“.
- El Gobierno considera que el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) “durante décadas fue utilizado de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad“.
El objetivo central de la reforma, dice el documento, “es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del SIN, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”. En este sentido, elimina funciones “que históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional”, como la seguridad interna del país y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado.
Estas últimas funciones serán competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, quien responde a Karina Milei.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) modifica la denominación de la Agencia de Seguridad Nacional por la de Agencia Nacional de Contrainteligencia. La estructura “queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia, eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y a la falta de control”, dice el comunicado.
“La contrainteligencia se define de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o interferencia de agentes externos, poniendo fin a las prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”, agrega.
El rechazo de la oposición
En la Cámara de Diputados, el interbloque Unidos —integrado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal— rechazó de manera conjunta el DNU. “No existe necesidad ni urgencia” que justifique tratar un tema de extrema sensibilidad institucional por fuera del Congreso, dijeron, y cuestionaron que el Ejecutivo avance mientras continúan incompletas las comisiones bicamerales encargadas de controlar tanto al sistema de inteligencia como al uso de los propios DNU.
El diputado Maximiliano Ferraro, de Unidos, publicó: “Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas. Pero como lo firma Milei, los bastantes y advenedizos republicanos intermitentes y de ocasión, ¿mirarán para otro lado? ¿Elegirán callar? ¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”.
Esteban Paulón, también diputado de Unidos, sostuvo que el decreto representa “un grave riesgo para la democracia”: “Reformar más de 40 artículos de la Ley de Inteligencia por DNU, sin debate y a escondidas, no es democracia”.
El interbloque solicitó a los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado), que constituyan las comisiones bicamerales que permitan el tratamiento del DNU.
El peronismo optó por la misma vía en la Cámara baja: solicitó la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para tratar “de forma urgente” el DNU.
- El PRO, por su parte, conformó un equipo especializado que se encuentra analizando el decreto.