El Gobierno decretó un aumento de salarios para funcionarios de alta jerarquía luego de dos años de congelamiento. El sueldo del presidente Javier Milei quedó excluido de la suba -como había aclarado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni-, al igual que el de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

• La medida abarca a ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades superiores y funcionarios de jerarquía equivalente.

El incremento regirá a partir del 1° de febrero y no será retroactivo. Asimismo, en caso que existiera déficit fiscal en la administración pública, los ingresos quedarán automáticamente congelados. “La suspensión operará de pleno derecho, sin necesidad del dictado de un acto administrativo, y se mantendrá vigente hasta tanto se restablezca el resultado fiscal financiero superavitario”, establece el decreto.

• La medida no detalla el porcentaje de aumento ni los nuevos montos que percibirán los funcionarios.

La justificación del Gobierno

En el decreto, el Gobierno justificó los aumentos como una etapa posterior al ajuste inicial, tras una crisis económica “de extrema gravedad” y luego de alcanzar superávit fiscal, baja de la inflación y reducción de la pobreza. La medida se presenta como parte de una estrategia de profesionalización del empleo público.

Comienza describiendo el escenario de finales de 2023: “crisis económica y financiera de extrema gravedad”, inestabilidad, inflación, pobreza, deterioro del poder adquisitivo y ausencia de financiamiento externo. 

El texto muestra el equilibrio fiscal como eje del programa económico y sostiene que el congelamiento de los salarios formó parte del “esfuerzo inicial de reducción del gasto público y señal de austeridad institucional”, que permitió generar un ahorro fiscal. Destaca la reducción de la inflación y la pobreza, así como el superávit fiscal y financiero. También menciona los organismos y cargos eliminados.

“Resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado Nacional cuenten con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas. Un esquema de Autoridades Superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas, en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional del Estado Nacional”, defiende el decreto.

• “Teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta Administración, corresponde implementar un ordenamiento equitativo en la estructura salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional, sin comprometer la sostenibilidad fiscal”.
• “El ordenamiento de las remuneraciones de las referidas Autoridades se inscribe en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público y forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a la construcción de un Estado eficiente y profesional”.
• “Dicho ordenamiento constituye una medida necesaria pero no aislada, y debe entenderse como parte de un proceso de transformación del Estado Nacional tendiente a dejar atrás un esquema de empleo público desarticulado, poco transparente y carente de incentivos adecuados”.