Representado por el embajador argentino en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Diego Sadofschi, el Gobierno denunció violaciones a los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro y solicitó su arresto y el de su segundo, Diosdado Cabello.

Sadofschi sostuvo que la situación en el país caribeño se deterioró más tras las elecciones fraudulentas de julio de 2024.

“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables. La decisión de la Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión, lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela es, en realidad, una muestra del compromiso de la República Argentina con la CPI y del valor que le otorga a la labor de esta Asamblea”, señaló el funcionario.

Al exigir que se activen de manera inmediata las órdenes de captura contra Maduro y otros funcionarios chavistas, retomó una presentación iniciada por la administración de Mauricio Macri y retirada por la de Alberto Fernández.

Por ahora, el Gobierno no se pronunció sobre el escenario en el Caribe, que concentra la atención internacional.