A los cuatro años, Daniel Schteingart se sentó frente a un mapamundi de cartón y, en una tarde, aprendió todas las capitales del mundo. No era un globo terráqueo solemne, sino un artefacto casero: dos capas de cartón, una lámina que giraba, pequeños agujeros que dejaban ver la ficha técnica de cada país. Capital, idioma, superficie, población. Era 1990, él vivía cerca de Córdoba y Callao, todos se sorprendían ante el nene de cuatro años que sabía la capital de Ghana. De algún modo, ese chico que miraba el mundo logró, años más tarde, doctorarse en Sociología y trabajar como director de desarrollo productivo de Fundar y al frente de Argendata —la plataforma de la usina de ideas Fundar que compila y ordena datos sobre la Argentina—. 

Menor de cuatro varones, aprendió a leer a los cuatro años, impulsado por el ritmo escolar de sus hermanos mayores: uno de ellos decidió enseñarle. En cuanto pudo descifrar palabras, leyó cualquier cosa que tuviera delante: etiquetas de botellas, envases, diarios viejos. Y, muy pronto, el mapamundi que lo marcaría para siempre. La geografía se convirtió en una pasión infantil. 

Su padre, ingeniero químico, fallecido en 2023, había sido de izquierda en la juventud y, con los años, giró hacia posiciones liberales. Repetía una idea que Daniel Schteingart conserva como reflejo de formación: la prosperidad depende de la capacidad de producir, no sólo de redistribuir. “Mi padre insistía en que la producción venía antes de la distribución. Eso quedó dando vueltas desde muy chico”, recuerda con El Economista. 

La familia paterna, los Schteingart, habían llegado desde lo que en la actualidad es Bielorrusia, judíos ashkenazíes que escapaban de los pogroms y se instalaron en la Argentina a principios del siglo XX. El abuelo de Daniel Schteingart se recibió de médico y formó parte del directorio del sanatorio Güemes, un nombre destacado del sistema de salud argentino. Su padre continuó esa tradición y, aunque era ingeniero químico, siempre quedó ligado al mundo sanitario. En los noventa enfrentó un proceso de quiebra en el sanatorio y más tarde, en 1996, armó con otro socio una empresa que sigue vigente: Infomedical, software para el sistema de salud. 

Su madre también venía del universo de la química. Se recibió de licenciada, ejerció un tiempo la docencia y después trabajó en la parte administrativa de la empresa familiar. Aunque su rasgo más influyente quizá haya sido otro: la música. “Mi mamá hizo toda la secundaria libre porque cursaba el conservatorio. Eso marcó mi casa. Siempre hubo sensibilidad musical”. 

Daniel Schteingart cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires. En quinto año estaba convencido de que iba a estudiar Economía. Pero tiempo después se produjo el pequeño desvío: se alejó de las matemáticas y de las ciencias más formalizadas, se acercó a la filosofía y a la sociología. “Tuve un gran profesor de sociología y apareció la idea de cambiar”. 

“El primer hito de politización espontánea fue el atentado a las Torres Gemelas. Tenía quince años. Fue en 2001. Ahí surgió una reacción intuitiva, moldeada por la mirada más liberal de mi padre: una solidaridad fuerte con Estados Unidos y un rechazo total al terrorismo. Recuerdo una discusión con un amigo del secundario, muy de izquierda, que ese día estaba casi celebrando, como si por fin ‘les hubiera tocado a los yanquis’. No podía creer lo que decía. Ésa fue la primera discusión política de mi vida”, detalla Schteingart. La escena siguiente es la crisis de 2001. La caída de De la Rúa, el caos de esos días, la televisión encendida. 

Durante varios años Daniel Schteingart hizo dos carreras a la vez, Sociología y Música. Había estudiado piano de chico y formado bandas. Se define incluso con ironía como “tecladista fogonero”: el que, si hay guitarra, vino y amigos, se sienta al teclado y arma el repertorio. Pero, de a poco, fue corriéndose la música como proyecto central y se recostó cada vez más en la sociología económica y las problemáticas de desarrollo. 

En los últimos años de sociología empezó a acercarse otra vez a la economía, aquella carrera que había descartado en sexto del Nacional Buenos Aires. Se interesó en las discusiones sobre estructura productiva, industrialización, desarrollo comparado. Uno de los trabajos de investigación que marcó el final de la licenciatura fue un estudio sobre la mirada de la Unión Industrial Argentina sobre el desarrollo. “A partir de ese trabajo empecé a tener vínculo con economistas como Diego Coatz y toda una camada desarrollista que pensaba el futuro industrial del país”. Ese grupo incluía nombres como Mariano de Miguel y varios jóvenes economistas de la época, reunidos en espacios como la Sociedad Internacional de Desarrollo.

Schteingart se recibió de sociólogo, culminó la maestría en Sociología Económica en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (IDAES-UNSAM) y obtuvo una beca del CONICET para realizar su tesis doctoral. Realizó un recorrido de ocho años en el sistema científico argentino: beca de doctorado primero, postdoctorado después. El eje, en ambos casos, fue la relación entre estructura productiva y desarrollo económico.

En el doctorado la pregunta dejó de ser “¿industria sí o no?” para pasar a “¿qué capacidades tecnológicas son necesarias y cómo se construyen?”. Noruega se convirtió en caso de estudio principal: un país apoyado en los recursos naturales que, aún así, logró desarrollar y crear capacidades tecnológicas de punta. De fondo seguía la conversación con el padre liberal y con el adolescente industrialista que él había sido. “Se jugaba el desafío casi infantil de ‘ganarle’ la discusión a mi papá, acompañado de una convicción genuina de que el desarrollo requiere más que consignas. Exige mirar con cuidado los datos y la historia comparada”.

“El desarrollo requiere más que consignas”

En paralelo a la tesis doctoral, se consolidaba un perfil distinto. Formado en Sociología, con marcos teóricos críticos, Schteingart empezó a incorporar herramientas estadísticas y econométricas con la ayuda de amigos economistas. Uno de ellos, Martín Trombetta, econometrista, fue clave. 

En 2016 un tuit transformó el recorrido de Schteingart. “Usaba Twitter y no pasaba de dos ‘likes’. Un día publiqué algo que se viralizó; nunca me había pasado”. El disparador fue un tema sensible: la pobreza. Con la “normalización” del INDEC bajo el gobierno de Macri, el organismo volvió a medir la pobreza y presentó en 2016 una cifra del 32%. Buena parte de la lectura pública apuntó a la idea de “tenemos la misma cantidad de pobres que en 2006”. Lo que casi nadie había subrayado era el cambio metodológico profundo: una canasta alimentaria y no alimentaria más ambiciosa, que por sí sola sumaba varios puntos de pobreza. “Desde entonces empecé a estar más presente en la conversación pública”, puntualiza. 

Ese mismo año, el gobierno de Macri recortó la incorporación de becarios al CONICET y aparecieron los trolls que hablaban del “ñoquicet”. Schteingart se involucró en esa discusión en defensa del sistema científico. Sus hilos de Twitter crecieron en visibilidad y empezó a sumar miles de seguidores.

—¿Cuándo sentiste que alternabas del paper a la conversación pública masiva? —pregunta El Economista

—A fines de 2016 me llamó María O’Donnell. Me dijo que arrancaba un programa en Radio con Vos, “Tarde para nada”, y me preguntó si quería sumarme. Acepté. En 2017 empecé a estar en radio cuatro días por semana.

Schteingart explica desde entonces en radio qué significan los indicadores de pobreza, cómo se leen las estadísticas de empleo, por qué conviene desconfiar de ciertas comparaciones históricas que se repiten sin verificar. Lo hace con un tono que mezcla pedagogía y filo. En un ecosistema argentino muy polarizado, el cruce de mundos que lo caracteriza lo convierte en una voz buscada.

En paralelo a su presencia cada vez más asentada en los medios, seguía afianzándose su trayectoria institucional. Tras el doctorado —y después de que su tesis fuera distinguida como la mejor en Ciencias Sociales de la UNSAM en 2018— obtuvo una beca posdoctoral del CONICET y se integró al Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA). Poco antes de terminar ese tramo, apareció Matías Kulfas. El vínculo se había iniciado en 2016, cuando Kulfas leyó un paper de Schteingart y Diego Coatz titulado “¿Qué modelo de desarrollo para Argentina?“.

En ese trabajo, Schteingart y Coatz se preguntaban qué modelo puede seguir un país como la Argentina: ¿un camino australiano basado en la innovación en recursos naturales o uno alemán-coreano centrado en la generación de capacidades tecnológicas en torno a las manufacturas? La respuesta del paper era que ninguna de las dos opciones era la óptima para Argentina, que la salida razonable se parece más a un híbrido a la Canadá, que combina innovación tanto en recursos naturales como en industria. El argumento principal era que Australia tiene muchos más recursos naturales por habitante que Argentina mientras que Corea o Alemania tienen muchos menos.

Kulfas leyó el texto, lo invitó a presentar un trabajo sobre cadenas globales de valor en su consultora y a partir de ahí consolidaron un vínculo amistoso y laboral. 

Cuando asumió como ministro de Desarrollo Productivo en 2019, Kulfas lo convocó. El gobierno recién empezaba y la pandemia todavía no figuraba en el horizonte. Daniel Schteingart entró como director del Centro de Estudios para la Producción, un think tank interno del Ministerio. Desde allí se analizaba la coyuntura productiva y se hacían ejercicios de prospectiva. En esos años, también fundó, junto a varios cuadros técnicos que trabajaban en el Ministerio, Misión Productiva, una red de profesionales dedicados a la discusión de la política productiva argentina.

En 2022 su rol en el Ministerio dio un salto: la coordinación del Plan Argentina Productiva 2030. En un contexto políticamente cada vez más complejo, decidió quedarse hasta cerrar el plan y publicarlo. Se propuso no irse sin dejar el trabajo compilado. Un año más tarde, en marzo de 2023, el plan se publicó y Schteingart dejó el Ministerio. Para entonces, la distancia entre el ejercicio técnico y la realidad política ya era evidente. “Con el cambio de gobierno muchas de esas ideas perdieron sentido práctico. Quedó como un ejercicio académico y técnico. Aún así, hubo un aprendizaje grupal enorme dentro de los equipos. Fue un proceso muy valioso para pensar, de manera actualizada, qué puede significar el desarrollo productivo para la Argentina”.

Unos meses después apareció Fundar.

Fundar es un centro de estudios y diseño de políticas públicas creado en 2020 por el matemático y empresario argentino Sebastián Ceria, que se propone renovar las agendas del campo amplio del progresismo argentino. Allí Schteingart es director de Desarrollo Productivo Sostenible y curador de Argendata. Este trabajo le permite desplegar las preocupaciones que lo acompañan desde los atlas de la infancia: riqueza, desarrollo, bienestar social.

Del trabajo en Fundar y del diagnóstico acumulado en estos años, surgió el deseo de escribir un libro que vaya al nudo de sus pasiones. 

—¿Por qué en tu próximo libro insistís en que “Argentina no es un país de mierda (todavía)”?

—La frase viene de una nota que escribí en Anfibia en 2017 que se llamaba “No somos un país de mierda“. Planteaba que ese diagnóstico tan extendido no se sostiene cuando se miran los datos con un poco de detalle. Argentina aparece, en casi cualquier dimensión que se elija, como un país de mitad de tabla para arriba: menos pobreza que la media mundial, mayor nivel de desarrollo que el promedio regional. Aunque han pasado ocho años y el país se ha deteriorado. Por eso, el título tentativo del libro será “¿Por qué Argentina no es un país de mierda (todavía)?”. La palabra “todavía” es clave. Marca la tensión entre una foto que todavía es relativamente buena y una película que, si sigue así, puede terminar mal. 

El libro, que Schteingart escribe y será publicado por la editorial Siglo XXI combina ensayo, divulgación y crónica. 

Así, entre la radio, la conversación pública, Fundar, Argendata y la escritura del próximo libro, el mapa profesional de Daniel Schteingart entrecruza mundos, disciplinas y saberes. Aun así, las pasiones que lo sostienen no se alejan demasiado del chico de cuatro años que giraba un mapamundi de cartón en la casa familiar. La curiosidad por las capitales se volvió interés por el PBI per cápita de cada país. Los icónicos juegos de Carmen Sandiego se transformaron en el seguimiento de la base de datos de la CEPAL. Las discusiones con la mirada del padre liberal derivaron en tesis y en valiosos aportes sobre modelos de desarrollo posibles para la Argentina. 

Y, sobre todo, a Schteingart lo convoca seguir pensando qué debería hacer un país de mitad de tabla, con una paciencia histórica fuera de lo común, para dejar de perder trenes con la confianza de que Argentina puede dar pelea para nunca ser “un país de mierda”. Con El Economista brinda pistas sobre esta mirada mientras reflexiona sobre el presente del país y del mundo. 

—En el informe de ARGENDATA sobre ciencia y tecnología se plantea que Argentina, aun siendo un país de ingreso medio-alto, destina a investigación y desarrollo bastante menos de lo esperable para su nivel económico. ¿Se observa algún escenario en el que el gobierno de Milei pueda elevar de forma sostenida la inversión en ciencia y tecnología?

—No veo eso. Si hay que proyectar, lo más probable es que el gasto en ciencia y tecnología siga bajando: en 2023 fue 0,6% y para 2025 la estimación ronda el 0,4%. De continuar la misma tendencia, en 2027 sería incluso más bajo.

La inversión en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del PBI combina el aporte público y el privado: en Argentina ronda el 60% público y el 40% privado. El último dato disponible muestra un nivel muy bajo, una torta chica de I+D. Y el gobierno de Milei recortó con mucha fuerza la parte pública, cerca de un 30%.

La mayor parte del gasto público en investigación y desarrollo son salarios de investigadores. Esa masa salarial quedó pulverizada y, si se recorta así al sector público, no aparece un mecanismo que impulse al sector privado a invertir más. 

Desde Fundar venimos planteando una agenda de reforma del sistema científico, porque 2023 tampoco era un paraíso: había una desconexión grande entre el sistema científico y el empresarial. Esa separación venía empezando a achicarse, aunque seguía existiendo una falta de confianza mutua entre científicos y empresarios. Ese vínculo necesita transformarse. Lo que seguro no ayuda es recortar ciencia y tecnología. 

—Argentina está muy por detrás de Brasil en inversión en ciencia y tecnología. ¿Qué explica que el país vecino mantenga un esfuerzo tan superior?

—Brasil tiene agencias públicas muy relevantes. Un caso es la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), una institución dedicada a generar tecnología para el agro. Sería el equivalente brasileño del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el organismo público argentino que desarrolla investigación para el sector rural. Embrapa fue decisiva en la transformación agrícola del país.

Además, Brasil cuenta con grandes empresas que invierten mucho en investigación y desarrollo. Petrobras es la que más invierte, y Embraer —una de las aeronáuticas más importantes del mundo— también destina sumas altas. 

El caso de Petrobras ilustra bien el proceso. En 1970, buena parte del déficit comercial brasileño estaba concentrado en alimentos y energía. Petrobras desarrolló la explotación de hidrocarburos offshore y permitió dar vuelta la balanza energética. Hoy, Brasil exporta alimentos, energía y minerales. Alimentos y energía eran dos agujeros de la balanza de pagos hace 50 años; ahora son sus principales fuentes de divisas. 

—De acuerdo al informe de Argendata, la pobreza por ingresos aumenta aunque varios indicadores no monetarios mejoran. ¿Qué está fallando?

—La pobreza por ingresos en Argentina muestra una volatilidad muy alta desde 1970. Suele aumentar en las crisis fuertes y, cuando la economía se recupera, mejora menos de lo que había empeorado. Así se forma un piso cada vez más alto. Ahora bien, estoy escribiendo un libro sobre el tema: tengo dudas de que Argentina tenga hoy una pobreza por ingresos más alta que en 1970.

Si bien la medición oficial de 1974 arrojaba 5% de pobreza, el cálculo se hacía con una canasta que no es comparable con la actual. Aún si se la actualiza, el valor da alrededor de 15%, que sigue siendo más bajo que hoy. Sin embargo, aparecen elementos que llevan a dudar de esa comparación. La primera persona a la que le escuché esa inquietud fue al sociólogo y economista Juan Llach. Él señalaba que en 1974 la medición se hacía solo en el Gran Buenos Aires —capital y conurbano—, que en ese momento era un GBA mucho más homogéneo socialmente que el actual, previo a distintas oleadas migratorias. Y, además, el Gran Buenos Aires del presente progresó mucho menos que el resto del país.

No es tan evidente por varios motivos que hoy haya “tantos más pobres” que en los años 70.

Por otra parte, se pueden registrar mejoras en infraestructura mientras persiste una pobreza elevada medida por ingresos. Una vez que se extendió la red de cloacas, por ejemplo —salvo que exista un crecimiento demográfico descomunal que haga que la población crezca mucho más rápido que la expansión de la red—, el porcentaje de personas con acceso a cloacas difícilmente retroceda.

Muchas medidas de pobreza estructural muestran ese comportamiento: oleadas de inversión pública que dejan un piso de acceso a servicios públicos más alto. 

—Algunos estudios plantean que en los años setenta no había villas de emergencia con la escala y extensión actuales. ¿Qué cambió desde aquel período?

—En los años setenta, alrededor del 20% de la población era rural; hoy ronda el 7%. Ese 20% rural se concentraba en el norte del país y era una pobreza que quedaba más invisibilizada. 

Hace 20 años, el ingreso familiar promedio del Gran Buenos Aires duplicaba al del NEA. Hoy es apenas un 40% mayor. En gran medida, la explicación pasa por la expansión de la política social. La AUH beneficia relativamente más al NEA que al Gran Buenos Aires. La moratoria previsional también favorece en términos relativos a esa región. A eso se suma que el costo de vida es más bajo, de modo que $10.000, $100.000 o $300.000 pesos rinden más.

—En distintas oportunidades, Javier Milei afirmó en entrevistas que “hay 12 millones de pobres menos”. Los datos oficiales del INDEC muestran que la pobreza por ingresos pasó de 52,9% en el primer semestre de 2024 a 31,6% en el primer semestre de 2025. ¿Cómo habría que leer esa baja?

—Milei calcula “12 millones de pobres menos” al tomar como punto de partida el primer semestre de 2024 y no el segundo semestre de 2023. Sostiene que la devaluación de diciembre de 2023 pertenece al gobierno anterior y que, al “sincerarse” la economía, el verdadero punto de comparación debe ser el primer semestre de 2024, que fue el peor momento. A partir de ahí obtiene la cifra.

De todos modos, incluso si se toma el segundo semestre de 2023 —42% de pobreza—, el nivel actual es unos 11 puntos más bajo. Y aparece algo interesante: ¿cómo puede ser que haya 11 puntos menos de pobreza si el salario real promedio —público y privado— está todavía alrededor de 2% por debajo, si la jubilación mínima sigue 15% abajo y si el consumo de bienes básicos no supera los niveles de 2023?

Incluso hay datos de la propia Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que resultan llamativos. Un indicador que correlaciona mucho con la pobreza es el porcentaje de hogares que vende pertenencias para llegar a fin de mes. Ese indicador hoy está en 9%. En 2023 estaba en 7-8%. Es decir: hay más hogares que venden pertenencias y, al mismo tiempo, 11 puntos menos de pobreza. Todo eso convive con menor salario real. Esa inconsistencia necesita una explicación.

La primera parte de la explicación es sencilla: sí, la pobreza bajó fuerte respecto de 2024. Eso no está en discusión. La metodología de pobreza por ingresos es la que se usa siempre y, como toda metodología, tiene fortalezas y vulnerabilidades. Algunas vulnerabilidades se combinaron en este período y “ayudaron” a que el índice caiga más de lo esperable.

¿Cuáles son esas vulnerabilidades? La primera es el desfase temporal entre ingresos e inflación. La pobreza por ingresos se mide con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La EPH pregunta cuánto se ganó el mes anterior. Ese ingreso se compara con la canasta básica del mes actual. Si la inflación mensual es baja, como ahora, el desfase es irrelevante. Puede sumar apenas unas décimas. Si la inflación mensual es muy alta, como a fines de 2023 y principios de 2024, ese desfase puede inflar la pobreza en hasta 7 puntos. Con inflación alta, la pobreza queda artificialmente elevada. Cuando la inflación se derrumba, el índice de pobreza cae de manera exagerada. 

La segunda cuestión es el subreporte de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares. Siempre hay subreporte: las personas tienden a declarar menos de lo que realmente ganan. Entre 2003 y 2013 el subreporte aumentó fuerte; luego se estabilizó; durante la pandemia volvió a crecer. Y ahora está bajando. ¿Qué implica eso? Que, al responder, la gente se acerca más al ingreso real.

Un ejemplo: alguien gana $2 millones. En la primera encuesta declara $1 millón. Tres meses después, la misma persona sigue ganando $2 millones, pero ahora declara $1,5 millones. En la base de la Encuesta Permanente de Hogares, su ingreso “subió” 50%, aunque en la realidad siempre fue el mismo. Eso está ocurriendo. ¿Cómo se sabe? Porque, cuando se comparan los ingresos que surgen de la EPH con registros administrativos del Estado  (como la ANSES para jubilaciones), la discrepancia es muy clara.

Si se corrigieran las distorsiones del propio índice, probablemente la pobreza seguiría siendo más baja que en 2023, pero no por 11 puntos. Tal vez por 2, 3 o 4. Hay un factor genuino que también baja la pobreza: la canasta básica subió menos que el IPC. Los alimentos aumentaron menos, y eso impacta, porque la canasta básica funciona como un IPC de los hogares más pobres. Ese componente sí es real. Pero los otros dos factores —efecto del desfase en un contexto de inflación muy alta y variación del subreporte— generan ruido.

—Y, mirando hacia delante, ¿observás margen para que Argentina logre perforar de manera sostenida el umbral del 30% de pobreza?

—Si Argentina logra encaminarse hacia un sendero de crecimiento estable, sí. El problema de fondo es que el país no crece: desde 2011 el PBI per cápita no consigue crecer más de dos años seguidos. La única excepción de dos años al hilo fue la salida de la pandemia, en 2021-2022.

Si la economía argentina se estabiliza y crece en torno al 3% anual durante varios años seguidos —cinco, diez, veinte—, perforar de forma sostenida el 30% de pobreza parece factible. Aunque 30% de pobreza sigue siendo un nivel alto.

¿Cuándo se puede pensar en un 15% de pobres? Con un crecimiento del 4% anual durante diez años, la baja hasta 15% luce perfectamente posible. Después, desde ya, todo depende de cuán progresivo o inclusivo sea ese crecimiento. En su momento estimamos que un punto de crecimiento del PBI per cápita equivale, históricamente, a una caída de 0,7 puntos de pobreza: alrededor de 300.000 personas que dejan de ser pobres. Esa relación se cumple cuando el crecimiento se difunde hacia buena parte del aparato productivo. 

Si lo traccionan sectores que casi no generan empleo y una porción grande de la sociedad queda afuera, puede repetirse algo parecido a los años noventa cuando subió fuerte el PBI per cápita y la pobreza también. 

—Se suele decir que, aun con este giro del programa económico, la Argentina conserva un potencial importante en exportaciones y sectores productivos. Desde tu trabajo con datos, ¿el panorama justifica una mirada relativamente optimista sobre el frente externo? 

—Exportar más no es un fin en sí mismo, es un medio para que la economía tenga los dólares necesarios para poder crecer sin entrar en crisis de balanza de pagos. Y el crecimiento tampoco es un fin en sí mismo, es otro medio para generar empleo y bajar la pobreza. 

¿Argentina tiene chances de aumentar sus exportaciones? Sí, y es muy probable que eso ocurra. En Argentina Productiva 2030 se había estimado que se podían duplicar las exportaciones en ocho años, en gran medida motorizadas por Energía y Minería, aunque también por otros complejos productivos. Y efectivamente, si se mira lo que pasa hoy, en Energía y Minería eso empieza a ocurrir. ¿Alcanza con eso para volver a ser un país desarrollado y con una tasa de pobreza menor al 15%? Considero que no.

Retomo una nota de Andrés López y Juan Carlos Hallak en La Nación. ¿Cuánto exporta Argentina de productos naturales per cápita? Unos US$1.200. Con Vaca Muerta y la minería, ¿a cuánto podría llegar? A unos US$2.000 per cápita. ¿Cuánto exportan per cápita Australia, Nueva Zelanda, Noruega? Tres, cinco, diez, quince veces más. Entonces, aun con esa suba de exportaciones, Argentina seguiría con menos exportaciones per cápita que Chile, incluso. De modo que no habría que esperar que ese salto, por sí solo, transforme al país en una economía mega desarrollada.

Sí, probablemente permita desagotar cuellos de botella del crecimiento y empezar a recorrer un sendero de expansión más duradero en el tiempo. Ahora bien, toda la literatura sobre desarrollo basado en recursos naturales coincide en que, bajo ciertas premisas, los recursos naturales pueden funcionar como una bendición para el crecimiento o como una maldición.

Hay una metáfora que me gusta para describir el rol de los recursos naturales en el desarrollo: son como un atajo en un camino. Como todo atajo, es un camino de cornisa, bastante peligroso. Si se lo conduce bien, se llega a destino; si se lo conduce mal, se pincha una goma y se queda uno ahí, entrampado durante mucho tiempo.

En la región, el que mejor lo hizo fue Chile, aunque Chile no es un país desarrollado. Entonces, ¿qué significa “conducir bien” en ese atajo y qué significa “conducir mal”? Conducir bien implica que la renta de los recursos naturales se use, por un lado, para invertir en el desarrollo de nuevos sectores productivos, en capital humano, en ciencia y tecnología, y en infraestructura, porque eso permite sembrar las semillas del mañana. Si los recursos naturales de Energía y Minería son no renovables, seguramente estarán disponibles durante bastante tiempo, aunque no para siempre. Lo que corresponde hacer es destinar una parte de esa renta a invertir en el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades. No hay que usar esa renta para gasto corriente. La bonanza debería usarse para sembrar la estructura productiva del mañana.

¿Qué hizo Noruega? Canalizó la abundancia del petróleo a través de un fondo soberano. Una parte de esa renta se destina al gasto corriente y el resto se diversifica mediante inversiones en distintas partes del mundo. Es una especie de fuga de capitales autoinducida por el propio Estado, que se usa para evitar una apreciación excesiva de la moneda y, al mismo tiempo, para diversificar el riesgo y aumentar el rendimiento de ese fondo en el tiempo. El Estado saca dólares de la economía para que la corona noruega no se aprecie tanto y, además, usa esa plata para aumentar el propio stock de activos, porque la invierte en instrumentos que generan rentabilidad. El retorno anual de ese fondo ronda el 3%, y con eso se financia una parte del gasto.

Otra dimensión clave de una buena gestión de los recursos naturales es evitar que estructuren una economía de enclave. La idea es que los recursos naturales funcionen como palanca para el desarrollo de otros sectores. ¿Qué sería una economía de enclave de recursos naturales? Un esquema en el que se explota Vaca Muerta, se trae toda la tecnología y todas las máquinas del exterior, se extrae el petróleo crudo y no se le agrega valor ni se desarrollan encadenamientos aguas arriba —por ejemplo, fabricar localmente parte de las máquinas y los insumos— ni aguas abajo, en actividades que procesen ese crudo; la materia prima es el petróleo crudo; el combustible, por ejemplo, sería un producto con mayor transformación. 

Ahí aparece la discusión argentina en torno al RIGI. El RIGI adopta una postura muy concesiva frente a las empresas petroleras y mineras. El resultado es un esquema que incentiva fuertemente la extracción del recurso natural y, en cambio, fomenta poco el desarrollo de la cadena de valor asociada. 

Y, en realidad, cuando uno hablaba con las petroleras y las mineras, el nivel de concesiones que reclamaban no era tan alto. El gobierno podría haber sido menos concesivo en algunos puntos.

La mirada más liberal considera que la estructura productiva es neutral en términos de desarrollo, que todas las actividades productivas son equivalentes y que no existen sectores con más chances que otros de impulsar el desarrollo. Tiendo a creer que esa visión no se ajusta a la realidad. Efectivamente, hay actividades que tienen un impacto mucho mayor en el desarrollo tecnológico de los países que otras. Hay industrias que arrastran más aprendizaje tecnológico que otras. Y, por otro lado, al observar qué pasó en distintos países —como analicé en la tesis doctoral—, se ve que aquellos a los que les fue bien con los recursos naturales construyeron importantes encadenamientos productivos sobre esa base.

Insisto: no se trata de prohibir la importación de maquinarias del exterior ni de adoptar posturas híper restrictivas, aunque sí de diseñar un esquema de incentivos que aliente a la metalmecánica local y a la generación de valor, sin frenar las inversiones.

—En tu tesis has escrito: “Durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX, Australia sufrió un déficit en su cuenta corriente que pudo ser financiado en parte por medio de Estados Unidos, quien no permitiría que su aliado clave en el Pacífico Sur entrara en una crisis económica por restricción externa”. ¿Hasta qué punto el vínculo con el Tesoro de Estados Unidos puede funcionar como amortiguador de la restricción externa para Argentina?

—Sin dudas ese factor incidió en Australia, aunque, leído hoy, da la impresión de que le baja un poco el precio a algunas cosas que Australia hizo bien y al hecho de que tuvo una política económica medianamente creíble que le permitió financiar ese déficit durante bastante tiempo. La geopolítica ayudó, sí, aunque el hecho de tener una macroeconomía relativamente estable y creíble también hizo posible sostener déficits prolongados.

Dicho esto, la pregunta vuelve a un punto que recuerda bastante a algo que planteó hace poco Andrés Malamud, que Estados Unidos nos estaría “invitando” al desarrollo. La respuesta corta es que el apoyo de Estados Unidos puede funcionar como amortiguador, puede ayudar, aunque no garantiza nada. No asegura que la restricción externa desaparezca ni que el país no vaya a chocar igual.

Conviene retroceder un poco. En 2018, con Macri en el gobierno, apareció el FMI con apoyo fuerte de Estados Unidos, hubo un desembolso de US$50.000 millones y, así como entró, esa plata salió. Hubo respaldo externo, aunque en el plano local el manejo de esa asistencia terminó en un agotamiento rápido de los recursos.

La diferencia, quizás, pasa por el modo actual de administrar el vínculo: ante un estrés cambiario, hoy el gobierno de Estados Unidos puede intervenir y dejar que, en teoría, el mercado tarde o temprano se discipline. Esa parece ser la lógica. Igual, se trata de Argentina: todo puede cambiar. 

Volviendo a la pregunta: el apoyo de Estados Unidos puede contribuir a relajar la restricción externa de Argentina. Puede ayudar a estabilizar la cuenta financiera del balance de pagos: si ese apoyo se traduce en intervenciones recurrentes, en compras de pesos por parte del gobierno estadounidense, o en la promoción de inversiones, o en nuevas herramientas de endeudamiento —por ejemplo, un swap que pueda contarse como deuda—, ahí hay un canal concreto de alivio.

Por la cuenta financiera, Estados Unidos claramente puede aportar. Por la cuenta corriente, en cambio, el panorama es menos nítido. Todavía no se conocen en detalle las condiciones del acuerdo comercial que se menciona en las últimas semanas, aunque, por lo que trasciende, podría tratarse de un esquema donde Argentina termine importando más desde Estados Unidos de lo que exporta. Eso implicaría un déficit creciente en la cuenta corriente.

Aun así, en el balance general, todo indica que el apoyo estadounidense puede ayudar a estabilizar la cuenta financiera en una magnitud que, al menos en el corto plazo, compense ese desequilibrio comercial. La diferencia con Australia, de todos modos, es fuerte: Australia nunca enfrentó una crisis de balanza de pagos, mientras que Argentina encadena una tras otra.

—¿Qué cambios concretos puede aportar una reforma laboral?

—Lo primero a tener en cuenta es que lo que determina si se genera o no empleo es el ciclo económico. El ciclo es el que define la creación o destrucción de empleo formal. La reforma laboral puede influir en cuántos empleos formales crea un punto de crecimiento, o cuántos destruye un punto de caída, aunque no reemplaza al ciclo. Me resulta muy difícil imaginar que se genere empleo formal en una economía que no crece. No conozco economías que creen empleo en recesión: no existen. Una economía en recesión es un conjunto de empresas que venden menos; no hay empresa que contrate personal vendiendo menos. 

Incluso cuando una empresa tiene trabajadores no registrados, ¿los va a formalizar mientras vende menos? Es dudoso. Normalmente se formaliza cuando hay más ventas, porque aparece un margen financiero para hacerlo. 

La creación de empleo formal está determinada por el ciclo económico. Si Argentina creciera ocho años seguidos y no se creara un solo empleo formal, ahí sí podríamos poner a la legislación laboral como principal causal de todo, pero la verdad es que la economía viene de catorce años de caída del PIB per cápita. Es lógico que el mercado laboral se haya precarizado. La precarización no surge tanto de la legislación vigente sino de un ciclo económico contractivo que dura más de una década. El año récord de asalariados privados formales per cápita fue 2011, y no es casual: fue el pico de PIB per cápita. A partir de ahí esa curva cae junto con la economía.

Dicho esto, hay cuestiones de legislación laboral que sin duda hay que discutir. Por ejemplo, convenios colectivos que datan de hace cincuenta años. O pensar regímenes especiales para microempresas de hasta cinco trabajadores, donde se concentra el 70% de la informalidad. Ahí podría contemplarse un esquema fuerte de desgravación de contribuciones, a cambio de revisar exenciones y beneficios que hoy reciben otros sectores.

Lo cierto es que no se va a generar empleo si la economía no crece. Puede discutirse todo, y está bien hacerlo, aunque sin caer en el realismo mágico de creer que una reforma laboral, por sí sola, va a generar empleo.

Esto no implica descartar que Argentina, para su nivel de PIB per cápita, tenga más informalidad de la que debería. Ese desfasaje sí es un llamado a revisar aspectos puntuales de la legislación. Pero, de nuevo, no hay generación de empleo sin crecimiento. 

“No se va a generar empleo si la economía no crece”

—En tu tesis escribís que “además de un consenso social en torno a la necesidad de que la Nación controle los recursos naturales, los noruegos confían en el Estado”. ¿Qué tendría que ocurrir para que los argentinos puedan desarrollar un grado de confianza mayor en su Estado?

—Quienes creemos en la acción transformadora del Estado tenemos que poner en el tope de prioridades la eficiencia y la calidad de la intervención estatal. El problema es que quienes más se declaran estatistas suelen pensar que el simple aumento del gasto resuelve los problemas de la sociedad, o que más Estado presente siempre es bueno. Y un Estado más grande puede ser un problema. Lo que importa es un Estado mejor.

El contrato social más logrado de toda la historia de la humanidad es el de los países nórdicos, que combina gran abundancia con alta igualdad. Y lo hicieron con mucho Estado y uno muy bueno. Claro que también puede haber un estado grande y pésimo como en Venezuela.  Por eso creo que la calidad de la acción estatal tiene que ser una prioridad absoluta para cualquier iniciativa que se considere realmente progresista.

Más aún en una Argentina que va a tener pocos recursos para ampliar la intervención estatal, con poco margen para expandir el gasto. En ese escenario, la pregunta por la calidad de la intervención tiene que estar en el centro. Eso implica un Estado conectado con su gente, capaz de resolver rápido los problemas cotidianos. Y existe una oportunidad enorme con la inteligencia artificial para mejorar de manera radical el vínculo entre el Estado y la ciudadanía en trámites y gestiones.

Hay una oportunidad. Y creo que, después de Milei, va a ser necesario reconstruir el Estado y recuperar muchas capacidades estatales. Quisiera pensar que quienes lleguen al gobierno después de Milei tomen esa reconstrucción como norte central: no limitarse a agrandar la dotación del Estado ni a quedar bien con el sindicato de turno, sino tener un Estado que transforme la vida de las personas.

—¿Qué Argentina imaginás para 2040?

—Quisiera pensar una Argentina con menos pobreza que ahora, con mayor bienestar subjetivo, con más formalidad laboral, más próspera, con mejor poder adquisitivo y con menos necesidades básicas insatisfechas. No es descabellado imaginar para 2040 una economía con el nivel de desarrollo que hoy tienen Polonia o Portugal, si se hicieran las cosas bien. No imagino un nivel Alemania, Estados Unidos o Corea, aunque sí un país con indicadores sociales comparables a los de la periferia europea.

Me encantaría una Argentina que vuelva a ser la número uno de América Latina, lugar que hoy ya no ocupa: Chile y Uruguay nos superan en la mayoría de los indicadores sociales. Sería deseable retomar ese liderazgo. También es razonable pensar en una Argentina que alcance más de 80 años de esperanza de vida —hoy está en 77—, que reduzca la pobreza del 31% actual a menos del 15%, y que baje la informalidad laboral del 42% a menos del 25%. No son metas revolucionarias: son plausibles.

Claro que, si el país no crece, no estabiliza su macroeconomía y no define una política productiva razonable, alcanzarlas va a ser muy difícil.