La Cámara confirmó la actualización del monto del decomiso. La defensa de la expresidenta había planteado que el cálculo debía reducirse a $42 mil millones
07/11/2025 – 14:43hs
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez, y confirmó el decomiso de $684.990.350.139,86 dispuesto en la causa Vialidad.
El fallo convalidó la ejecución ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, que lleva adelante el proceso de cumplimiento de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La resolución coincidió con lo solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían requerido que el decomiso se hiciera efectivo tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner impugnó el monto del decomiso al sostener que el método de actualización aplicado -basado en el índice de precios al consumidor (IPC)- era improcedente. Propuso, en cambio, el cálculo efectuado por el perito contador de parte, que arrojaba una cifra cercana a $42.500 millones. También solicitó la suspensión de la ejecución de la medida.
A ese planteo adhirieron las defensas de Lázaro Báez, José Francisco López y Mauricio Collareda, quienes también resultaron alcanzados por la medida.
Fundamentos del fallo
Por unanimidad, los jueces de Casación consideraron que la actualización con base en el IPC no resultaba arbitraria y que constituía un método razonable para mantener el valor real del beneficio obtenido mediante el delito frente a la depreciación monetaria.
Los magistrados entendieron que las defensas no lograron demostrar arbitrariedad ni error en la interpretación normativa, por lo que resolvieron confirmar lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
Asimismo, la resolución ratifica la naturaleza obligatoria del decomiso como consecuencia legal accesoria de la condena penal, en cumplimiento con lo establecido por el Código Penal y las Convenciones Internacionales contra la Corrupción.
Origen del monto actualizado
La cifra de $684.990 millones surge de la actualización del daño económico causado al Estado nacional determinado en la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2022 por el TOF N.º 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
En aquel fallo, el tribunal había impuesto penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de los efectos del delito por administración fraudulenta vinculada a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
El monto original de $84.835 millones fue recalculado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aplicó la actualización conforme a la variación del índice de precios, llevando el valor final a casi $685 mil millones.
Confirmación previa de la Corte Suprema
El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había confirmado el fallo de Casación que dejaba firmes las condenas dictadas en la causa Vialidad. De esa manera, quedaron ratificadas las penas impuestas a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez por el delito de defraudación contra la administración pública a través de contratos de obra pública.
La decisión del máximo tribunal consolidó también la ejecución del decomiso de bienes y valores, como parte de las consecuencias accesorias de las condenas.
El decomiso afecta a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Antonio Báez, José López y Mauricio Collareda, entre otros condenados. Todos fueron considerados solidariamente responsables del perjuicio económico causado al Estado.
De acuerdo con lo resuelto, el monto deberá ejecutarse conforme al procedimiento previsto por el Código Penal y las disposiciones de los tribunales federales de ejecución, sin perjuicio de los eventuales reclamos que las partes puedan plantear en etapas posteriores.