El Consejo Interuniversitario Nacional resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo por incumplir la ley. Reclaman que se garantice la ejecución presupuestaria aprobada por el Congreso y advierten que la suspensión de la norma vulnera la división de poderes
Los rectores de las universidades públicas del país, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), resolvieron acudir a la Justicia para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Así lo decidieron en un plenario extraordinario convocado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido en la Facultad de Derecho de la UBA.
Además de la acción judicial, el plenario resolvió elevar al Congreso de la Nación una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida busca que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la norma y la recomposición del salario, y se asigne de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes.
“40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó Oscar Alpa, presidente del CIN para resumir el acuerdo de la totalidad de las instituciones universitarias nacionales presentes en el encuentro.
La vicerrectora de la UNC Mariela Marchisio estuvo presente en el plenario que tuvo lugar este miércoles en la UBA. El rector Jhon Boretto, en tanto, se encuentra participando de una reunión de rectores y rectoras en la Universidad Complutense de Madrid.
El presidente Javier Milei había vetado la norma aprobada originalmente en agosto y el 2 de octubre el Congreso revirtió esa medida. La ley fue promulgada, pero está suspendida por el Poder Ejecutivo “hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento (…)”, según se publicó en el Boletín Oficial.
“Es grave”
“Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, asistente en representación de esa casa de altos estudios. “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.
Y agregó que la suspensión de la ley promulgada “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”.
“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, cerró Bartolacci.
Un conflicto que escala
El sistema universitario enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes. Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes de la Universidad sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%.
A lo largo de todo el año 2025, la recomposición salarial ha sido mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando aún más dicha pérdida.
En este marco, la Ley aprobada por el Congreso, insistida por ambas cámaras, tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el país y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes.
Además, la Ley prevé la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.
A través de un comunicado, el Consejo Superior de la UBA, advirtió: “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.