Colegios profesionales y asociaciones del sector advierten una situación “insostenible” por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la retención de fondos asignados por Nación. Reclaman la actualización de aranceles y la restitución de pensiones. Desarrollan un paro de prestadores
La Mesa de Profesionales en Discapacidad de Córdoba advirtió que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) no libera los 121 mil millones de pesos destinados a la actualización de aranceles del Sistema Único de Prestaciones. Además, adelantaron nuevas acciones en la judicialización del tema.
La Mesa, integrada por los Colegios de Psicopedagogía, Fonoaudiólogos y Psicólogos, y las Asociaciones de Trabajadores de Inclusión, Terapistas Ocupacionales, Psicomotricistas, Músicos Terapeutas y Converger, reclamaron la actualización de las prestaciones, la restitución inmediata de las pensiones recortadas, la aplicación efectiva de la ley, la asignación urgente de los recursos presupuestarios y la transparencia en el manejo de los fondos.
Además, piden el tratamiento inmediato del proyecto de democratización de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo hicieron en una conferencia de prensa conjunta.
En este contexto, se desarrolla un paro nacional de prestadores profesionales que se extenderá hasta el 24 de octubre, junto a una asamblea permanente y las Jornadas Federales por la Emergencia en Discapacidad, que se realizarán el martes 21 en todo el país. En Córdoba, la convocatoria será a las 12 en la Plaza San Martín.
Judicialización en Córdoba
En el marco de la emergencia en discapacidad y ante la falta de respuesta judicial a un amparo presentado por el Colegio de Psicopedagogía de Córdoba, la entidad profesional anunció que se prepara para recurrir -vía recurso extraordinario- a la Corte Suprema de Justicia por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), suspendida por el decreto 681/2025.
“La judicialización está en instancias de recurrir próximamente a la Corte Suprema. Desde el Colegio de Psicopedagogía presentamos un amparo el 7 de septiembre, el cual no ha tenido respuesta. Claramente visibiliza la crisis institucional entre el poder legislativo y el ejecutivo; necesitamos que un juez intervenga a la brevedad, porque ya es insostenible la situación. El próximo año serán pocos los profesionales que van a poder continuar sosteniendo la atención en estas condiciones”, advirtió Viviana Quispe Posse, secretaria general del Colegio. Recordó que la presentación recayó en el Juzgado Federal 1, a cargo de Carlos Ochoa.
El amparo, presentado en la Justicia Federal de Córdoba, exige que el Gobierno nacional ponga en vigencia la ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso, que declaró la emergencia en materia de discapacidad. Aunque el Ejecutivo argumenta falta de presupuesto, las organizaciones profesionales sostienen que los fondos ya fueron asignados el 24 de septiembre pasado, pero siguen sin ser ejecutados ni supervisados por el Directorio de Andis.
Asfixia al sector
Por su parte, Julia Domínguez de la Asamblea Trabajadores Inclusión, graficó que “un profesional cobra $12.070 por una sesión de 45 minutos/una hora/hora y media. Y la cobran en tres meses ´con viento a favor´”. Mientras que el “mínimo ético” que fija el colegio profesional de psicopedagogía para ese módulo de atención es de $25.000.
“El reclamo a la actual gestión del gobierno nacional es que los aumentos a los aranceles y a las pensiones se correspondan con el IPC”, detalló.
Según precisó, el retraso acumulado en los aranceles es de 70% entre diciembre de 2024 a octubre 2025. Aunque aclaran que el retraso histórico acumulado alcanza el 200%.
“Están desapareciendo instituciones y existe acoso a entidades, a las que se les bajan la categorización”, denunció.