Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), expuso ante periodistas los principales desafíos y tensiones que enfrenta hoy la actividad minera en el país. Con un tono firme, advirtió que sin un marco legal claro, previsibilidad institucional y mejor infraestructura, “la minería seguirá en potencial”.
Uno de los ejes centrales fue el clima de inversión. Según Cacciola, los capitales están atentos, pero inmovilizados por la falta de definiciones políticas y la debilidad del marco legal actual.
“Los inversores quieren saber si el gobierno tiene capacidad real para hacer las reformas que prometió”, señaló.
A esto se suma la caída del precio de los minerales, que pone en jaque a varios proyectos, especialmente de litio.
La ansiedad empresarial crece, pero también la prudencia: nadie espera grandes decisiones en los días previos a las elecciones. “Hay una curva de aprendizaje que debemos atravesar, pero no podemos perder más tiempo”, remarcó.
Cacciola destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta positiva, aunque insuficiente si no se acompaña de políticas coherentes. “Hay más de U$S 21.000 millones en juego. Pero la gente necesita saber qué beneficios concretos traerá todo esto a las comunidades, a las provincias, a la Nación”, indicó.
El dirigente hizo hincapié en que el sector no se niega a pagar impuestos, pero que la carga tributaria actual es asfixiante. “El RIGI intenta nivelar el terreno, permitir acceso a divisas y resolver conflictos fuera del país. No es un privilegio, es una necesidad para competir”.
La Ley de Glaciares, un obstáculo clave
Uno de los temas más sensibles fue la Ley de Glaciares, que, según Cacciola, “protege glaciares, pero también cualquier otra cosa”, generando confusión y paralizando inversiones. Propuso tres caminos posibles: una reglamentación a través de un DNU, una nueva ley del Congreso o un acuerdo institucional con la Corte. En todos los casos, remarcó que la solución no puede ser unilateral ni judicial: “Este es un tema político, y así debe tratarse”.
Planteó también la necesidad de un acuerdo integral entre Nación y provincias que contemple mayor autonomía para estas últimas. “Son las provincias las más interesadas en cuidar sus recursos, pero también en poder decidir cómo desarrollarlos”, sostuvo.
Cobre, litio y comunidad: ejes de un modelo posible
Cacciola repasó el mapa actual de la minería: seis proyectos avanzados de cobre, siete de litio en producción, caída en la producción de oro, y un mapa aún pobre en relación a la potencialidad del país. Pese a todo, el litio muestra un crecimiento del 238% respecto a 2018.
“La minería tiene un derrame real, comparable con el petróleo. Pero tenemos que explicar ese impacto, bajarlo a tierra, y vincularlo con empleo, proveedores, educación y salud”, explicó. Para eso, insistió, hay que priorizar la contratación local, sin caer en esquemas de cupos ni privilegios.
También cuestionó algunas ideas simplistas, como la instalación de fábricas de litio sin considerar que para fabricar baterías se requieren otros minerales. En ese sentido, defendió un esquema productivo que combine capacitación local y presencia técnica extranjera cuando sea estrictamente necesaria.
La discusión sobre la distribución fiscal también estuvo presente. Hoy, el 62% de lo que genera la minería lo absorbe la Nación, mientras las provincias productoras reciben el 38%. “En condiciones normales, la Nación se lleva dos tercios. Y así es difícil que los territorios desarrollen infraestructura o servicios adecuados”, argumentó.
Cacciola trazó un diagnóstico claro: hay oportunidades concretas para que la minería sea uno de los motores del desarrollo argentino, pero eso exige definiciones firmes, seguridad jurídica y respeto por los acuerdos. Sin eso, advirtió, “seguiremos perdiendo tiempo, inversiones y oportunidades”.