- El intendente Daniel Passerini y el presidente de ese organismo profesional, Eduardo Bittar, firmaron este lunes un convenio marco de cooperación institucional.
Para reforzar y ampliar las políticas públicas ambientales, la Municipalidad de Córdoba y el Colegio de Abogados sellaron este lunes un convenio marco de cooperación institucional. La firma se realizó en el Palacio 6 de Julio y estuvo a cargo del intendente Daniel Passerini y el presidente de ese organismo profesional, Eduardo Bittar.
“El Colegio de Abogados lleva 100 años acompañando el crecimiento y la historia de nuestra ciudad. En este momento, hay discusiones que se están desarrollando en Córdoba que, sin el inestimable apoyo y acompañamiento de los colegios profesionales, nosotros no podríamos llevarlas adelante”, fueron las primeras palabras del intendente Passerini previo a la firma del convenio.
“Hoy estamos en un momento muy complicado de la Argentina, donde lamentablemente la política pública no debe verse manchada por las malas conductas de quienes dicen venir a limpiar la política. Nada se limpia con más contaminación”, cuestionó Passerini y definió: “Nosotros creemos en la fuerza de las personas; creemos en la fuerza de la historia, pero fundamentalmente creemos en la ética de los cordobeses y las cordobesas. Eso venimos a cuidar».
El acuerdo busca enfrentar la cuestión ambiental desde una gestión asociada entre el sector público y los privados, que luego puedan instrumentarse en proyectos específicos. En este caso, se trabajará en colaboración directa con el Instituto de Protección Animal y Ambiental, perteneciente a la Secretaría de Ambiente y Economía Circular, aunque a futuro podrá ampliarse a áreas del municipio.
“Que nuestras instituciones puedan firmar un convenio como este, representa que la política y la justicia social siempre están presentes. Es un honor sentir que nuestros colegas, con toda su fuerza, cabeza y espíritu, pueden hacer este aporte”, resaltó por su parte Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba.
Esta cooperación permitirá escalar en el cuidado y la fiscalización ambiental, la mejora de los marcos normativos, así como también la posibilidad de diseñar instancias de formación para equipos técnicos y jurídicos. También se podrán impulsar campañas conjuntas de concientización, generar espacios de participación ciudadana y acciones de promoción del acceso a la justicia, entre muchas otras iniciativas.