En línea con la postura de la fiscal general Fabiana León, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 porteño rechazó los ofrecimientos de reparación integral efectuados por las defensas de 46 de los empresarios y cuatro de los ex funcionarios imputados, en el marco de la causa denominada “Cuadernos de las coimas”, donde se investigan distintos actos de corrupción cometidos al amparo de una asociación ilícita encabezada por la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli coincidieron con León y rechazaron la procedencia del instituto previsto en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal.
En su voto, al que adhirieron sus colegas, Méndez Signori se refirió a la “disponibilidad de la acción penal” en el marco del “paradigma adversarial de resolución del conflicto” e indicó que la Fiscalía es el órgano habilitado para desistir de la persecución en los supuestos incorporados en la Ley 27.147.
“La opinión negativa del Ministerio Público Fiscal es vinculante para decidir sobre la procedencia del instituto”, indicó, y agregó que la posición que expresó en el caso superó el control jurisdiccional de debida fundamentación, logicidad y razonabilidad. En ese marco, recordó que León fundamentó su posición en que la reparación agota el conflicto solamente si neutraliza el daño en su totalidad.
Reseñó además que la agente recalcó que el daño causado no resulta medible patrimonialmente ni susceptible de transacción con una víctima, al tiempo que asentó su postura en que la revocación de fondos o el pago de montos embargados puede ser útil para el recupero económico, pero no repara plenamente el daño ni reemplaza la necesidad del juicio, ya que el embargo es cautelar y no cuantifica el perjuicio sufrido.
Por todo ello, Méndez Signori concluyó que establecido el carácter vinculante de la oposición fiscal a la reparación integral del perjuicio cuando ésta supera las exigencias de debida fundamentación, logicidad y razonabilidad es infructuoso el estudio de discusiones como la procedencia del instituto cuando se trata de: delitos contra la administración pública, la viabilidad de la reparación integral para funcionarios públicos, la posibilidad de modificar las calificaciones legales en esta instancia, los diversos criterios interpretativos de los instrumentos internacionales sobre la materia, los parámetros que deben ser evaluados para determinar la integralidad del daño, las posibles afectaciones a la garantía de juzgamiento en plazo razonable, la eficacia del instituto como mecanismo de recupero de activos o la posibilidad de reparación en los casos en los que el imputado no cuenta con suficientes recursos.
Audiencia
En la audiencia del 12 de septiembre pasado, León pidió el rechazo por inadmisibles de los ofrecimientos de reparación integral efectuados por las defensas de los empresarios Roberto Orazi; Jorge Balán; Miguel Aznar; Carlos y Osvaldo De Sousa; Cristóbal López; Pablo Gutiérrez, Adrián y Mauricio Pascucci; Mario Rovella; Patricio Gerbi; Hugo Dragonetti; Juan Manuel Collazo; Ernesto Clarens; Sergio Tasselli; Carlos Román; Carlos Arroyo; Julio Paolini; Ángel Calcaterra; Héctor Sánchez Caballero; Santiago Altieri; Jorge Benolol; Guillermo Escolar; Oscar Sansiñena; Juan José Luciano; Gabriel Losi; Ricardo Scuncia; Aldo Roggio; Daniel Pitón; Ricardo Repetti; Jorge Neira; Osvaldo Acosta; Benjamín Romero; Rodolfo Poblete; Enrique Pescarnona; Francisco Valenti; Juan Carlos y Arturo De Goycoechea; Mario Maxit; Claudio Glazman; Alberto Padoán; Armando Losón; Luis Armani; Miguel Ángel Marconi; Hernán Gómez y Marcelo Marcuzzi.
Asimismo, pidió que se hiciera lo propio con las propuestas de las defensas del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario Hugo Martín Larraburu, el ex asesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal Walter Rodolfo Fagyas y el ex director de Energías Renovables Fabián García Ramón.
La funcionaria entendió que no estaban dadas las condiciones para aplicar el instituto previsto en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal, “por falta de acuerdo, por concurrir un bien supraindividual y por oposición fiscal fundada”.
Postuló que el instituto presupone un acuerdo real con la víctima, la conformidad fiscal y la homologación de una reparación integral y planteó que en el caso faltan los tres.
Tras analizar las generalidades de los ofrecimientos, consideró que la única solución plausible era la realización del “juicio público, con sus efectos de verdad, sus efectos de sanción y de inhabilitación en caso de que así proceda”.
“La confianza en la justicia no se construye con soluciones fáciles, se construye cuando las reglas funcionan y son puestas a prueba en los casos realmente difíciles”, argumentó. Agregó que la causa es “el paradigma de la gran corrupción” y, como tal el test donde el sistema debe afirmar legalidad, igualdad y publicidad del juicio.
“Si aquí se transa o se mercantiliza, el mensaje social es letal. La pena o la absolución cumplen una función social: afirma qué conductas son intolerables, disuade futuros desvíos, garantiza igualdad ante la ley”, señaló León, y agregó que “no se negocia lo que el sistema ya afirmó que debe ser juzgado”.
“La confianza se honra rechazando reparaciones que privatizan el interés público y llevando la causa a debate oral como corresponde”, resaltó.
León insistió en que pretender la extinción de la acción en una causa de “gran corrupción”, con funcionarios y bienes supraindividuales, significa “banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad”.