La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) rechazó la demanda que el Gobierno porteño presentó contra varios partidos de izquierda y cerca de una veintena de personas, responsabilizándolos por los daños ocasionados el 18 de diciembre de 2017 en la zona del Congreso de la Nación, mientras en Diputados se debatía la reforma jubilatoria.

El fallo lo dictó el juez en lo contencioso administrativo y tributario Roberto Gallardo.

A su turno, el Ejecutivo porteño precisó que las reparaciones costaron más de 17 millones de pesos. Expuso que los destrozos de veredas, baldosas, bancos, esculturas y monumentos de la Plaza de los Dos Congresos fueron deliberados y pidió una reparación.

Entre otros, accionó contra el Partido Obrero (PO), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). También demandó a César Arakaki y Sebastián Romero.

Arakaki y Romero fueron condenados a tres años de prisión por los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado.

Romero, fotografiado con un mortero casero atacando a la Policía, estuvo más de dos años prófugo y fue detenido en mayo de 2020, en Uruguay.

Las agrupaciones de izquierda alegaron que, no son responsables de las acciones de sus afiliados o de sus simpatizantes y Gallardo usó ese argumento para rechazar la demanda. “Aun cuando fuera posible comprobar el concurso doloso de algunos de sus miembros o ´simpatizantes´, lo cierto es que no hubo actuación alguna de los partidos políticos como personas jurídicas en la producción de los daños”, sostuvo.

“Los afiliados a un partido político mantienen su autonomía individual, actuando por cuenta propia y no como representantes directos del partido”, sumó.

También afirmó que para que un partido político sea responsable de los actos de sus afiliados “debería existir una relación de dependencia o subordinación análoga a la relación empleador-empleado”.

El juez también rechazó la demanda por daños y perjuicios contra las personas. Explicó que el gobierno porteño denunció a manifestantes imputados en causas penales sin aportar pruebas de los daños que produjeron.

El magistrado estimó que aunque las normas de responsabilidad colectiva del Código Civil “pueden facilitar la reparación de daños en muchísimos supuestos”, su aplicación a casos de manifestaciones sociales plantea “inocultables amenazas a los derechos fundamentales de protesta, reunión y petición”.