El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, solicitó al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, la asignación de los recursos necesarios para avanzar en la implementación progresiva del sistema acusatorio.
En el oficio enviado, Casal destacó que el Ministerio Público Fiscal ha acompañado esta política pública con todos sus recursos, tanto humanos como materiales, al considerarla prioritaria. Como ejemplo, mencionó la implementación del sistema en el distrito Salta en 2019 y su posterior expansión en 2023 a Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia.
Sin embargo, el procurador advirtió sobre problemas tecnológicos que afectan el desarrollo del sistema. En el caso de General Roca, explicó que, aunque se implementó el 4 de noviembre de 2024, las licencias del software UFED Inseyets fueron entregadas recién en diciembre, una con desbloqueos ilimitados y otra sin desbloqueos. A pesar del tiempo transcurrido, la Dirección de Apoyo a la Investigación Penal informó que la empresa proveedora aún no ha recibido el pago correspondiente.
Respecto a Comodoro Rivadavia, donde el sistema comenzó a regir el 2 de diciembre, Casal alertó que aún no se han provisto las herramientas tecnológicas necesarias ni se tiene información sobre el estado de su adquisición, a pesar del compromiso interinstitucional asumido.
El procurador subrayó que la tecnología es un recurso indispensable para que los fiscales lleven adelante investigaciones complejas de manera eficiente, garantizando el cumplimiento de los plazos procesales establecidos en el Código Procesal Penal Federal (CPPF). La falta de estos recursos, advirtió, limita el potencial de las herramientas disponibles y afecta la calidad y rapidez de las investigaciones penales.
Casal también insistió en que el Ministerio de Justicia debe priorizar la implementación del sistema acusatorio a nivel federal y proveer los recursos necesarios. Recordó que el Ministerio Público Fiscal no cuenta con la tecnología, la infraestructura ni el personal suficiente para asumir las nuevas funciones y obligaciones que implica el sistema.
Finalmente, señaló que aún no han recibido respuesta sobre la propuesta de trasladar personal desde estructuras judiciales que actualmente triplican en promedio la dotación del Ministerio Público Fiscal, que será el único responsable de llevar adelante todas las investigaciones penales bajo el nuevo esquema.