La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), presidida por Susana Medina, presentó formalmente una “observación” a los candidatos propuestos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el Gobierno nacional.
La entidad se opuso y observó el proceso y la propuesta de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal.
Solicitó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se postulen a dos mujeres para ambos puestos, basándose en las políticas de igualdad dentro de los diversos cargos públicos.
“Sin duda una de las asignaturas pendientes del sistema democrático republicano de la Argentina es el desarrollo del principio de igualdad y no discriminación. La cuestión que nos convoca pone en jaque tales principios, aplicado en este caso a la integración de mujeres a los cargos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, detalla el escrito.
AMJA considera que la postulación de mujeres sería “un paso esencial hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de progreso social y equidad de género”.
Las juezas sostienen que a la hora de cubrir la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco, “lo razonable, y acorde con los estándares vigentes, debería ser la de proponer a una mujer de las tantas juristas sólidas e intachables con las que cuenta nuestro país”.
Entre los fundamentos de la oposición, sostienen que “en línea con el mandato constitucional y convencional, la República Argentina, mediante el Dto. 222/03 introdujo una pauta sustentada en el principio de progresividad en materia de igualdad de la mujer para acceder a los cargos públicos y con el fin de modificar patrones socioculturales que históricamente la discriminan”.
Asimismo, la entidad que nuclea a magistradas de todo el país aspira a un Poder Judicial “independiente, incorruptible, transparente, transversal, eficaz, eficiente, cercano a la gente, con principios y valores”. Y agregó: “La inclusión de mujeres en la Corte Suprema, no sólo reflejaría los principios de justicia social e igualdad de género que el estado debe garantizar en cumplimiento de normas vigentes, sino que también mejoraría la calidad de la democracia y la efectividad del sistema judicial, siendo un componente clave para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria”.