En pleno debate por la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional, el diputado de Republicanos Unidos (RU) y apoderado de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, se presentó ante la Justicia para pedir que sea aceptada como “amicus curiae”, para aportar su análisis en relación a la medida cautelar que frena la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei.
En su escrito, la ONG aseguró que la reciente decisión “pone un freno injustificado a medidas necesarias y urgentes” para revertir aspectos de la legislación que distorsionaron “las relaciones del trabajo”. En esa línea, sumó que muchas veces ello se hizo en favor de estructuras “prebendarias y corporativas”.
Paralelamente, apuntó a la necesidad de destrabar la manda para avanzar con medidas que mitiguen el deterioro económico del país. Además, afirmó que éste “no es ajeno al deterioro institucional” de la Argentina.
Asimismo, planteó que el “desastre económico” que se registra a la fecha se generó por “normas y hechos” que, a lo largo de muchos años, desnaturalizaron los principios y valores que garantiza la Constitución Nacional.
Bajo esa premisa, la Fundación Apolo manifestó que quiere intervenir como amiga del tribunal para expresar “las razones por las cuales son ajustadas a derecho, urgentes y necesarias” las normas que se pretenden impugnar, así como las razones por las cuales, a su juicio, es improcedente la medida cautelar dictada a los efectos de suspender la normativa.
“Debe entenderse que las leyes pueden reglamentar derechos, pero no pueden ir contra la naturaleza de las cosas. Tal como ocurre en la economía, cuando se emite moneda sin respaldo, la emisión legislativa de derechos, sin respaldo en la realidad, ha reducido sensiblemente el trabajo legal, mientras la realidad, que tiene vida propia, ha llevado al 40% de los trabajadores a la clandestinidad y la desprotección más absoluta”, planteó.
Justificación
La fundación estima que la medida que frenó el decreto presidencial no tiene justificación. Al respecto, expuso que se trata de un fallo que “suspende todas las normas impugnadas por quienes detentan el monopolio de la representación sindical”.
“El DNU busca avanzar hacia un nuevo sistema económico que, como tal, abarque reformas en la Administración Pública, en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo y en otras áreas que hacen al desarrollo del país. Y no se advierte una afectación directa de derechos adquiridos de ningún trabajador”, cerró.