09/10/2023

Acompañamos al sector empresario local y nacional en la defensa de lo dispuesto en la Constitución Nacional, sobre el derecho a la defensa y tutela judicial efectiva en el proceso penal sin condicionamientos, siendo ello la esencia del Estado de Derecho.

Las libertades normadas en la Constitución Nacional, deben estar garantizadas por las instituciones que conforman el Estado, y no a la inversa, porque esa es su función específica. Cualquier propuesta realizada desde el ámbito político en contrario, debe poner en alerta a la sociedad. Acompañamos la conclusión arribada en el Coloquio de IDEA respecto de la necesidad de ajustarse irrestrictamente a las disposiciones constitucionales.

El derecho a la defensa y, por ende, el libre ejercicio de la profesión del abogado, es un pilar imprescindible para el desarrollo de la República, porque garantiza una justicia sin condicionamientos e imparcial al momento de dictar sus resoluciones. Respetar y fortalecer todas las instituciones de la República promueven el crecimiento del sector privado y con ello, el desarrollo sostenido de nuestro país en un marco institucional legal, sólido y consistente.

Por ello, también ponemos de manifiesto nuestra postura en contra del abuso de la prisión preventiva, que se ha generalizado y que ataca el derecho a la libertad de las personas y a la presunción de inocencia, ambos con igual jerarquía constitucional, acompañando lo expresado por el Colegio de Abogados de Córdoba.