El Tribunal Oral Federal de Corrientes abrió la etapa de alegatos de las defensas en el juicio a quince personas acusadas de integrar una red que explotó sexualmente a 36 víctimas de trata en la frontera con Brasil, y que culmina este martes 12 de septiembre.
Las defensas de los principales acusados en el juicio que intenta esclarecer un circuito de explotación sexual de víctimas de trata en la ciudad correntina de Paso de los Libres respondió este lunes ante los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra los alegatos que la semana pasada presentaron la querella y el Ministerio Público Fiscal.
Alegará este martes el defensor oficial Enzo Di Tella, quien representa a nueve acusados, luego de que en una audiencia desarrollada durante la mañana rechazaran los pedidos de condenas los abogados de los empresarios Ricardo y Ricardo Gustavo Aguirre, Ramona Clelia Espada y el comandante principal de Gendarmería José María Viero (ya retirado de la fuerza), así como de Juan Manuel Schell.
Mientras que, para Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre y Viero, fueron reclamadas penas de 12 años de prisión, para Espada –pareja de Aguirre padre- y Schell, el fiscal Carlos Schaefer y la querellante Rosana Marini coincidieron en requerir 8 años de prisión.
El juicio intenta determinar el grado de responsabilidad que tuvieron los acusados en la explotación de una serie de prostíbulos, así como de un hotel alojamiento que funcionaron al menos desde 2010 hasta 2015.
En el marco de este proceso también fue procesado, pero debió ser apartado del debate por deterioro cognitivo, el exfiscal federal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, quien está acusado de brindar protección a la red investigada, en el marco de una serie de lazos de amistad y parentesco con la estructura.
En sus alegatos, los representantes del Ministerio Público Fiscal plantearon la necesidad de una reparación a las víctimas por una cifra superior a los 300.000.000 de pesos.
En este proceso fueron oídas mujeres captadas por esta red en Entre Ríos, Chaco, Formosa, Córdoba, en la misma ciudad de Paso de los Libres e incluso de Paraguay y República Dominicana, todas con carencias económicas y educativas.
Al menos una de ellas era menor de edad al momento de ser iniciada en el circuito de explotación sexual, según se ventiló en los alegatos.