Se cumple un año de los asesinatos del periodista inglés Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira. Familiares y allegados de las víctimas manifestaron que la situación sigue siendo igual de turbia en el Valle del Yavarí, región donde los cuerpos fueron finalmente hallados.
El Yavarí es la zona de la selva amazónica donde habitan la mayor cantidad de comunidades indígenas “no contactadas”. La región, por su difícil acceso y ubicación remota, es un punto de paso para narcotraficantes y contrabandistas.
Familiares y amigos se reunieron este lunes en Copacabana, Río de Janeiro. Alessandra Sampaio, viuda del periodista, exigió acciones para que el Estado federal esté más presente en esa región que limita con Perú.
“Si este caso que dio la vuelta al mundo no ha cambiado nada en el Yavarí, ¿cuándo va a cambiar? Yo hablo desde una posición incómoda porque perdí el amor de mi vida. Me lo robaron por la codicia, por la falta de fiscalización intencional del gobierno anterior”, expresó Sampaio
Ahora las críticas son para el actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. No cambió absolutamente nada, según dijeron a la prensa los familiares. “El Gobierno brasileño debe una explicación al mundo de qué medidas va a tomar a partir de ahora. No tenemos una respuesta concreta de las autoridades”, dijo Beto Marubo, referente de las comunidades indígenas del Valle de Yavarí.
Marubo denunció también recientes ataques de hombres con fusiles, que pretenden hacerse con tierras en ese lugar de muy difícil acceso.
VER: Amazonas: encuentran restos humanos en la zona donde desaparecieron un periodista y un activista
Por las muertes de Phillips y Pereira, de mucha resonancia un año atrás, hay tres imputados: Amarildo da Costa, Oseney da Costa y Jefferson da Silva. Actualmente se encuentran en cárceles federales, a la espera de juicio.
Según difundió la cadena Globo, durante la última semana la Justicia imputó a otras dos personas: Rubén Villar, alias “Colombia” y presunto autor intelectual de los asesinatos, y otro pescador ilegal, Jânio Freitas.
Según las autoridades, en el lapso de un año los detenidos efectuaron entre sí más de 400 llamadas telefónicas, incluso durante el día del crimen. Esas conversaciones serían los elementos de prueba que más los comprometen.
Con información de El País