La Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ordenó casar una decisión de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, que hizo lugar parcialmente a una demanda por daños y perjuicios contra una clínica, un ginecólogo, una obstetra y una compañía aseguradora por las lesiones que sufrió un bebé al momento del parto. 

Con el voto de los vocales Gisela Schumacher y Leonardo Portela y la abstención de Martín Carbonell, el STJ hizo lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley que presentaron los padres del menor, quien sufrió lesiones durante las maniobras de parto, que resultaron de una hipoxia o asfixia perinatal, con daño cerebral, en sus riñones y en su aparato digestivo. 

La demanda fue rechazada en primera instancia pero luego la alzada revocó la decisión y condenó a la clínica y a la aseguradora. Sin embargo, el tribunal no responsabilizó a los profesionales médicos. Este punto fue analizado por el STJ entrerriano, ya que se utilizó una maniobra denominada de “Kristeller”, que la propia obstetra demandada reconoció “desde hace un par de años no se aconseja”.

Además, los magistrados destacaron la “necesidad de examinar con perspectiva de género” el caso y la ley 25929 sobre violencia obstétrica, conocida como Parto Respetado. Esta última normativa reconoce que -entre otros- la mujer tiene derecho a ser protagonista de su propio parto; la evitación de prácticas invasivas, a ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija, a que se la haga partícipe de las diferentes actuaciones profesionales. Establece también que las «personas progenitoras del/la recién nacido/a en situación de riesgo tienen derecho a recibir información comprensible, suficiente y continuada sobre el proceso o evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento».