El concejo de deliberantes de la ciudad de Córdoba acordó, recientemente, la modificación del artículo 5 bis del Código de Ética. Dicho artículo establece que todo funcionario de la provincia deberá someterse cada seis meses a un narcotest. Aquel funcionario que no muestre una prueba negativa será suspendido.

El proyecto fue impulsado por el concejal de “Hacemos unidos por Córdoba”, Diego Casado. Dicha reglamentación fue apoyada tanto por el intendente y candidato a gobernador, Martín Llaryora, Como la mayoría de oposición.

“Las personas que desempeñen funciones por elección popular, intendente, viceintendente, concejales y tribunos, los secretarios y subsecretarios, directores y subdirectores, asesores o las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados están obligados a presentar ante la autoridad competente un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”, señala el código de ética municipal.